el pasado jueves 5, a la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) para intercambiar puntos de vista. Los estacioneros integran el último eslabón de la cadena de distribución antes de llegar al consumidor final. El asesor de la Unvenu, Daniel Porrini, realizó una exposición ante los técnicos del comité.

Uno de los puntos donde la Unvenu hizo hincapié fue en la relevancia de bajar el precio del gasoil. Los estacioneros reconocen que el precio del gasoil es elevado, "pero también hay que reconocer que todos los precios en Uruguay son más caros que en la región. Es caro el gasoil, es cara la electricidad, la pasta de dientes, la Coca-Cola y todos los productos y/o servicios”, dice un documento de la gremial al que tuvo acceso El Observador.

De todas formas, se precisó que se comparte el objetivo del gobierno de “bajar el precio del gasoil” para mejorar la competitividad de los sectores productivos. En ese sentido, la gremial plantea eliminar el subsidio del supergás por tener un “claro error de diseño” y que le cuesta a Ancap unos US$ 40 millones anuales. Por otro lado, la Unvenu planteó una disminución del impacto de los biocombustibles en los precios de la nafta y el gasoil.

Si bien se manifestó que para abaratar el precio de los combustibles lo ideal sería derogar la obligación establecida en la ley 18.195 de mezclar biodiésel y etanol en un 5% por litro, se reconoce que hay fuertes compromisos asumidos. En ese sentido, la gremial que agrupa a las estaciones sugiere flexibilizar la normativa actual encomendando a Ancap a mezclar biodiésel si el precio es inferior al del gasoil, en cambio, si el precio es superior (que es la situación actual) se exime al ente petrolero de la obligación de mezclar con ese biocombustible. Esta modificación legal podría implicar un ahorro para el consumidor de entre $ 1,5 y $ 2,2 por cada litro de gasoil.

Por otro lado, la Unvenu sugiere quitar del precio del gasoil las tasas de Ursea e inflamables de la IMM y los fideicomisos de eficiencia energética y de subsidio al boleto, que lo encarecen. La gremial propuso revisarlos y en caso que se decidan mantener, cambiar la fuente de financiamiento, en el entendido de que estas cargas encarecen el precio del gasoil y afectan la competitividad de los sectores productivos del país y encarecen la producción de productos transables. Ambas tasas y fideicomisos significan $ 3,76 en cada litro de gasoil, de los cuales $ 3,48 corresponden al fideicomiso del boleto.

“En definitiva, quitando estos sobrecostos, el gasoil en Uruguay podría salir $ 36,64, valor inferior al precio medio mundial. Si a este valor le restamos la diferencia de precio si Ancap vendiera a Precio Paridad de Importación (PPI) el gasoil en Uruguay costaría alrededor de $ 30, lo cual sería un precio incluso más competitivo que el de varios países de la región”, sostiene la Unvenu.

Activos a preservar

La Unvenu también dejó en claro ante los expertos del comité que no toda la cadena de los combustibles es ineficiente en Uruguay. Los estacioneros recordaron que se trata de un “sistema” conocido y aceptado con más de 45 años de diseñado, y que se ha aggiornado sin cambiar su esencia y manteniendo sus equilibrios.

“En Uruguay las estaciones de servicio son pymes y, en muchos casos, la rentabilidad de los propietarios de las estaciones es la de un salario acorde a la labor que desempeñan. La capilaridad de las estaciones, incluso en pequeñas localidades las convierte en puntos de referencia y consulta, jugando un rol adicional al del simple abastecimiento de combustibles”, asegura la Unvenu.

El comité de expertos del MIEM deberá presentar su propuesta integral de revisión legal y reglamentaria del mercado de combustibles antes del 15 de diciembre del 2020. A partir del año próximo, el Poder Ejecutivo aprobará un precio para la venta de los combustibles en las plantas de distribución de Ancap, que utilizará como insumo el PPI de la Ursea y otro informe del ente petrolero. Y de las puertas de las terminales hacia las estaciones de servicio será un negocio que lo manejará cada sello con sus estaciones, sin participación alguna del ente. El esquema actual de distribución será revisado por el Poder Ejecutivo y podría tener cambios.

Los miembros designados son Horacio Bafico (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), Pablo Mautone (Ministerio de Economía y Finanzas), Andrés Hermida (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), Ricardo Gorosito (Congreso de Intendentes), Noelia Medina, Gonzalo Irrazabal (Ministerio de Industria, Energía y Minería) y María José González en su rol de asesora del ministro de Industria, Omar Paganini.

Fuente: El Observador