Todos los temas los trata la Unidad Temporal de Fusión (UTF), dirigida por el mexicano Néstor Luna, y el Comité Estratégico, compuesto por el Ministerio de Energía, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO-EP, el Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo y la misma Unidad Técnica de Fusión.

Es tal el hermetismo que ya se han dado roces entre las autoridades por el manejo de la información en torno a la fusión. Así, el 15 de octubre, el gerente de Petroecuador saliente, Ricardo Merino, envió una misiva al ministro de Energía, René Ortiz, detallando algunos avances en el proceso; pero la respuesta de la autoridad fue un llamado de atención porque supuestamente esa comunicación estaría poniendo en riesgo el tema, “toda vez de la clara filtración de los trabajos realizados por dichas comisiones”. Y se indicaba que el gerente no contaba con la aprobación del canal responsable del proceso que es la Unidad Temporal de Fusión.

Jorge Cevallos, presidente de los trabajadores de Petroecuador, dijo que lamentablemente ha habido “cero socialización” del tema, y esto causa incertidumbre en los empleados. Por ello pidió seriedad y transparencia a las autoridades del ramo.

También comentó que el personal no ha sido tomado en cuenta para la mesa de la fusión. Aclaró que no están en desacuerdo con este proceso, pero rechazan que pudiera haber disminución de los trabajadores operativos. En cambio, entiende que en el área administrativa habrá duplicidad de funciones.

Entre los administrativos también hay nerviosismo, pues no saben cuántos podrían ser desvinculados y cuáles serán los mecanismos para ello, solo se conoce que se contratará una consultora para las evaluaciones.

En todo caso, en esa carta del 15 de octubre, Merino delineaba algunos logros, acciones en marcha y pendientes dentro del proceso.

Por ejemplo, se indica que la denominación de la empresa integrada por absorción será Petroecuador, esto tomando en cuenta que con dicha denominación se abarca todas las etapas de la cadena de valor de la industria: desde la producción de crudo hasta la comercialización de derivados. También se habría decidido mantener la normativa interna de Petroecuador.

La Red de Oleoductos del Distrito Amazónico pasa a la Gerencia de Transporte de Petroecuador y las Unidades de Seguridad , Salud y Ambiente de Petroamazonas y Petroecuador se integrarán en una sola gerencia.

Se avanza en la contratación de un consultoría para analizar, evaluar, crear e implementar el diseño organizacional y de gestión de talento humano, bajo estándares internacionales. Se tiene en la agenda, como un objetivo principal, estructurar una alternativa legal para unificar el presupuesto de ambas empresas para presentarlo al Ministerio de Finanzas en 2021.

En cuanto a temas formales, ya existe una integración de la telefonía para ambas empresas. Se está trabajando en la homologación del quipux (sistema de comunicación pública) y también en la renovación y creación de firmas electrónicas. Se unificarán correos electrónicos.

Un crédito del BID financia proceso de fusión

El proyecto, denominado de optimización de la propiedad de empresas públicas de la Función Ejecutiva, dentro del cual está la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, está financiado por un crédito de $ 75 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así, Luna pasó del Ministerio de Economía donde brindaba servicios de consultoría en temas del sector energía, financiado por el BID, a la UTF.

Luna ha sido consultor internacional en energía, planeación estratégica y de seguimiento y control para el BID en instituciones públicas de Argentina y de Ecuador.

En el país ha sido asesor del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, durante el gobierno anterior. También estuvo en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER-Ecuador), Empresa Pública Petroecuador, entre otras.

Luna se ha desempeñado como director de Planificación y Proyectos de la Olade y ha ocupado varios cargos directivos en su país en el área petrolera.

El BID ha dicho que como resultado del programa se espera la reducción de la carga fiscal derivada de las empresas públicas de la Función Ejecutiva; por ejemplo, en el monto de asignaciones presupuestarias a las empresas públicas, del 4,2% del PIB en 2018 al 3,2% del PIB en 2022.

El crédito del BID tiene un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en la tasa libor.

Fuente: El Universo