Las principales petroleras escalaron la semana pasada la disputa que mantienen con Metrogas, que en septiembre dejó sin pagar a los productores el gas que le compró durante junio, julio y agosto. La que fue más allá fue Pan American Energy (PAE), la mayor petrolera privada del mercado argentino, que consiguió que la Justicia embargue las cuentas de Metrogas por el equivalente a lo adeudado por Metrogas durante un mes. La francesa Total, que integra el Top 3 entre los productores junto con YPF y PAE, también iniciaría acciones legales contra las distribuidoras, tal como publicó La Nación.

Pluspetrol y Tecpetrol, por su parte, interrumpieron el suministro de gas a Metrogas. Pudieron hacerlo porque son proveedores menos importantes de la distribuidora controlada por YPF. Le aportan sólo 230.000 y 70.000 metros cúbicos diarios (m3/día) de gas, respectivamente. Su menor tamaño les jugó a favor: si PAE y Total, por ejemplo, le hubiesen cortado el gas a Metrogas habrían comprometido el suministro físico del sistema, obligando al Enargas a convocar de urgencia a un comité de emergencia para solucionar esa situación. No era aconsejable llegar a ese extremo.

El gobierno es, sin embargo, el destinatario final del accionar de las petroleras. En última instancia, si bien acorralaron a Metrogas con denuncias en la Justicia y cortándole el acceso al gas, los productores también buscan presionar al Ejecutivo para que defina qué quiere hacer con el segmento regulado (distribuidoras y transportistas).

“La cadena de pagos del gas está en jaque. Por ahora, la única distribuidora que dejó de pagar el gas fue Metrogas, pero si no hay una señal clara del Ejecutivo el resto de las gasíferas seguirá el mismo camino en los próximos meses”, analizaron en una petrolera.

¿Por qué tensar de la cuerda justo ahora?

El secretario de Energía, Darío Martínez, trabaja por estos días en la letra chica del nuevo Plan Gas que apunta a estimular la producción del hidrocarburo. Como el Estado suele demorarse en el pago de los subsidios a los productores, las empresas reclamaron una garantía adicional para asegurarse que efectivamente van a cobrar las compensaciones en tiempo y forma.
Pero al mismo tiempo las petroleras quieren que el gobierno defina de que va a pasar con las tarifas. “De nada sirve que el gobierno garantice el pago de los subsidios, si después las distribuidoras no tienen ingresos vía tarifas para pagar el gas que consumen los usuarios residenciales”, explicó un alto ejecutivo del sector. “Es imposible que el Plan Gas funcione si la cadena de pagos está rota”, agregó.
Señales contradictorias

Detrás de la escalada contra Metrogas se encuentra también ese reclamo solapado de las petroleras al gobierno, que no termina de declarar con claridad qué planea hacer con las tarifas de los servicios públicos (están congeladas desde principios de 2019).

Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Martínez afirmaron en los últimos días que la intención —supeditada a cómo avance la pandemia— es descongelar las tarifas a fin de año, el interventor de Enargas, Federico Bernal, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declara en la dirección contraria.

“En el caso de decidirse por (aplicar) tarifas de transición, las mismas no podrán entrar en vigencia el 19 de diciembre por una simple cuestión de tiempos, ya que su elaboración, incluyendo lo relativo a la convocatoria a audiencias públicas y sus respectivos plazos, insumirá varios meses”, afirmó ayer Bernal en una entrevista con Télam.

Sustentabilidad

El Esquema Gas 2020-2023 contempla un seguro de precio que pretende asegurarle a los productores un ingreso de unos US$ 3,70 por millón de BTU por el gas que extraigan en los próximos tres años.

Tal como fue diseñado el programa, la idea es que los usuarios residenciales paguen a través de tarifas unos 2,50 dólares de ese total y el Estado cubrirá el US$ 1,20 restante. Sin embargo, si el peso acelera su devaluación por las tensiones cambiarias, las tarifas deberían aumentar en pesos bastante más de lo que prevé el gobierno (como tope un 30%) para equivaler un precio en boca de pozo de 2,50 dólares, tal como pretende el gobierno. La sustentabilidad del esquema está jaqueado por lo que suceda con la macroeconomía. Por eso es clave, desde la óptica de las petroleras, saber qué sucederá con las tarifas de gas.

Efecto estampida

Con su avanzada contra Metrogas, las petroleras aspiran a visibilizar esa agenda. Cuestionan que la distribuidora controlada por YPF es por ahora la única que incumplió sus contratos de compra de gas. El resto sigue pagando —aunque con algunas demoras— sus obligaciones mensuales.

El EBITDA (ingresos antes de impuestos) se Metroas se derrumbó hasta los US$ 5,3 millones durante el primer semestre de 2020; apenas un 10% que el registrado en el miso período de 2019 (US$ 53,3 millones), según estadísticas publicadas por el Enargas. La relación entre el EBITDA y el margen de distribución pasó de representar un 44,5% el año pasado contra apenas un 8,2% en 2020. Aún así, advirtieron desde una petrolera, los números siguen siendo positivos. “Podría haber pagado alguno de los tres meses de invierno que dejó impagos”, agregaron.

Allegados a Metrogas, en cambio, explican que su principal problema es financiero. En 2019 la compañía rolleó parte de su deuda comercial para cancelar compromisos crediticios en dólares. Eso le generó un buco financiero por alrededor de $ 8000 millones. Su situación es diferente a la del resto de las distribuidoras, que no tiene una deuda en dólares tan abultada. Además, lejos de mejorar, en septiembre la cobrabilidad del sistema empezó a resquebrajarse. Se registraron un 15% más de facturas impagas que la proyectadas. Los productores quieren, frente a ese escenario, que el gobierno explique cómo defenderá la cadena de pagos antes implementar la subasta de gas que prevé el nuevo programa de estímulo. Saben que, si no hay definiciones, en algún momento las otras distribuidoras seguirán el camino de Metrogas y discontinuarán sus compromisos comerciales. Declaraciones como las de Bernal de ayer, advirtiendo que cualquier cambio tarifario demorará “varios meses”, no hace más que sumar confusión al respecto.

Fuente: EconoJournal