Pero la ausencia de ingresos permanentes, asignaciones o aportes de capital ha sido una traba para pagar acreencias ya calificadas y los pasivos registrados en su balance, tal como había ofrecido a la Superintendencia de Compañías.

La situación financiera de la empresa que debía administrar el fallido proyecto de refinación de petróleo en El Aromo, Manabí, es complicada. Tiene un pasivo (deudas y obligaciones) que asciende a $ 1.063 millones, con un total de 40 acreedores, de acuerdo con un informe entregado por Petroecuador, uno de los accionistas de RDP, junto a PDVSA Ecuador.El acreedor principal, cabe resaltar, es la misma estatal petrolera, con $ 995 millones, o sea el 93,6 % del pasivo.

El gobierno de Rafael Correa y el del fallecido Hugo Chávez concibieron la idea de una refinería, para la cual se destinó más de $ 1.500 millones, aunque en el camino no se pudo encontrar inversionistas para su ejecución. El mismo escollo tuvo la administración de Lenín Moreno, lo que motivó a descartar definitivamente el proyecto en El Aromo.Sin embargo, Correa, hoy lejos del Ecuador y con una sentencia de 8 años de cárcel por el caso Sobornos, insiste en la necesidad y urgencia de esa refinería, tesis que es respaldada por el candidato presidencial correísta, Andrés Arauz. En una reciente entrevista a un medio local, el expresidente justificó lo gastado en ese malogrado plan hidrocarburífero.

“Si no tuviéramos ya el campamento, ya aplanado el terreno, los caminos de entrada y electrificación, nos demoraríamos tres años para empezar recién lo que es refinería en sí misma; pero todo ya está hecho, lo que se llama obras tempranas”, sostuvo. Sobre la construcción de esas obras tempranas, que costaron $ 678 millones de los $ 1.500 millones, una evaluación técnica de la firma RPS Energy Ltd., que fue contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), determinó que hubo el 23 % de sobrecosto.

El descarte de ese plan hidrocarburífero dejó también otros problemas a RDP, lo que complica su liquidación. José Herrera, su liquidador desde el pasado 15 de julio, reporta a este Diario que resta culminar con los litigios legales pendientes, denuncias penales por daño a la propiedad privada y juicios civiles y laborales iniciados en 2018 por extrabajadores.

Menciona también que, al no contar con ingresos, la empresa está obligada a vender parte de sus activos, como ya lo ha hecho con el remate de vehículos y menaje de oficina. Según Herrera, el pasivo registrado debe confirmarse en las auditorías financieras de 2018 y 2019, que realizará la Contraloría General del Estado.

PARTICIPACIÓN

Un tema pendiente de resolver es la participación societaria en la compañía. Los desacuerdos llevaron a PDVSA a notificar sobre un arbitraje internacional en contra de Ecuador. El actual liquidador ha mantenido una primera conversación con esa empresa en el marco del proceso de liquidación.

PROYECTOS

El Gobierno optó por otro tipo de planes que se desarrollarían en los terrenos de El Aromo. Uno se llama ciudad alimentaria, que es para fomentar la producción de maíz, soya y camarón; y el otro, un proyecto fotovoltaico, para aportar a la generación del Sistema Nacional Interconectado.

El acueducto pasaría a otras manosLa empresa no contempló dentro de su plan de liquidación, la operación del acueducto La Esperanza, que dota de agua cruda a Manta, Montecristi y Jaramijó. Según el liquidador Herrera, junto con el Ministerio de Ambiente se desarrolla una propuesta para la administración de esa infraestructura, en la que participen los municipios de esos cantones para la sostenibilidad financiera. El tema debe ser aprobado por la junta de accionistas de RDP.

Fuente: Expreso