la principal accionista y dueña del 35 % de los derechos, busca vender su porción a New Stratus Energy, una desconocida empresa con sede en Canadá, y de dueños venezolanos.

El contrato vence el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con la última modificación que se hizo en el 2015, en el gobierno de Rafael Correa. El plan de Repsol, además, incluye vender el porcentaje de acciones que tiene en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Este último contrato para el transporte de crudo vence, en cambio, en el 2023.

Para Henry Llanes, experto petrolero, la decisión de Repsol podría generar perjuicios al país pues el objetivo de una transacción como esta sería que la empresa no finiquite el contrato y que la responsabilidad pase a una de mucha menor solvencia.

Es que el contrato y el artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos indican que la contratista debe entregar en buen estado los campos y cumplir compromisos de remediación ambiental; además tendría que cumplir con pago de indemnizaciones y utilidades.

Sin embargo, según Llanes, la empresa nueva, al no tener la capacidad de enfrentar estos temas, podría incluso declararse en quiebra.

Una alta autoridad del Ministerio de Energía considera que la terminación del contrato de Repsol implicaría un enorme contingente de pago de indemnizaciones laborales y ambientales. Por ello, dice, si se hace la transferencia sería bueno para la compañía porque se libraría de estos costos.

Entonces, habría dos escenarios para la empresa que esté a cargo del cierre: que le extiendan el contrato y esos pagos se diferirían para el futuro o que no se lo extiendan y sean efectivos en el 2023.

Repsol ha tenido un largo historial en el mercado petrolero ecuatoriano. En 1991 se registran los primeros antecedentes de la relación, pero el 27 de diciembre de 1996 las empresas antes mencionadas suscribieron ante la Secretaría de Hidrocarburos un contrato modificatorio al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos del bloque 16. Ya para finales de ese mismo año se suscribe un convenio operacional de explotación unificada de yacimientos.

En marzo de 2009, luego de varios desencuentros con la empresa, el gobierno de Correa suscribe un nuevo contrato de prestación de servicios. En esos momentos, Repsol se oponía a cambiar su contrato y adeudaba $ 444 millones en impuestos atrasados.

El nuevo contrato establecía que la empresa tendría una tarifa de $ 35,95 por barril producido, cantidad que tomaba en cuenta la amortización de inversiones, costos y gastos y una utilidad razonable. También se establecía que la empresa debía entregar el 25 % de porcentaje de soberanía al Estado. Y se determina una cláusula de acumulación de deudas por parte del Estado.

En el caso de que no existieran los fondos suficientes para el pago de la tarifa, entonces la deuda se iría acumulando, pero se la pagaría apenas hubiese fondos. Sin embargo, si esa deuda persistía hasta el final del contrato, entonces esta se da por pagada y se desvanece.

Luego de una serie de modificaciones, en la que se incluyó una baja de tarifa en 2011 a $27,25, el 29 de octubre de 2015 se firma el último contrato modificatorio que señala una extensión hasta el 31 de diciembre de 2022.

En los contratos queda claro cuáles son las condiciones para la transferencia de un contrato: solo se podrá hacer con la autorización del Ministerio. Si no, la cesión se consideraría nula y sería causal de caducidad.

Fuente: El Universo