“Apenas se está produciendo 21,000 barriles por día, cuando hasta diciembre del 2019 se alcanzaban los 62,000 barriles por día”, dijo Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

Según De la Flor, 15 de los 26 contratos de producción se encuentran con actividades suspendidas debido a las medidas adoptadas por la pandemia del COVID-19 y la conflictividad social. Asimismo, 9 de los 13 contratos firmados para actividades de exploración están en fuerza mayor.

“Este difícil escenario para el sector hidrocarburos ha traído como consecuencia no sólo la contracción de las inversiones en el ‘upstream’, sino también que las empresas evalúen su permanencia en el país”, apuntó.

En dicho contexto, el ejecutivo pidió a las autoridades no tomar acciones que puedan perjudicar el desarrollo de la industria hidrocarburífera y que se dicten medidas que garanticen la sostenibilidad de las operaciones y un buen clima para las inversiones.

Cuestionamiento a OEFA

Por otro lado, la SNMPE aseguró que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) estaría trasgrediendo el fallo de un arbitraje internacional en el caso de Pluspetrol Norte, en el que se determinó que contractualmente no le corresponde asumir la responsabilidad de pasivos preexistentes cuando tuvo a su cargo la operación del ex Lote 1AB.

“Estamos frente a una actuación cuestionable de un organismo fiscalizador que, al no acatar un laudo arbitral, afecta la imagen del Perú como un país en el que prevalece el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica para las inversiones”, afirmó De la Flor.

Según el director ejecutivo, la actitud de OEFA genera mucha preocupación en el gremio minero energético ya que ahuyenta a las inversiones en circunstancias que el sector afronta una de las crisis más severas de su historia por la pandemia del coronavirus.

La SNMPE pidió que las exigencias que formule el OEFA en temas de remediación de suelos se realicen de forma técnica y acorde con el ordenamiento legal. Asimismo, aseguró que las empresas del sector hidrocarburos que trabajan en el país no se oponen a las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado.

Fuente: Gestión