El anuncio lo efectuó el ministro de Energía, René Ortiz, quien calificó a este proceso como un paso importante.

“Contamos con los términos de referencia, es decir, con las reglas del juego claras para poner a punto las instalaciones industriales obsoletas y para diseñar, construir y operar una refinería de alta conversión, para producir combustibles con un estándar mínimo euro V”. El modelo de negocio y delegación establece que el Estado no realizará inversiones en esta obra, pues serán de cuenta y riesgo de la empresa privada adjudicataria. También especifica la entrega de petróleo crudo y la recepción de derivados por el pago de una tarifa y autoriza el servicio de refinación, mediante la delegación conjunta.

El proceso, aclaró, no contempla una privatización, pues la refinería es y continuará en manos del Estado ecuatoriano. El adjudicatario hará las inversiones en el mejoramiento de la planta y la operará en conjunto con Petroecuador, por un plazo de 25 años. Los términos y condiciones para desarrollar este proceso son, entre otros, que los tipos de contratos serán por delegación y por prestación de servicios específicos; el oferente será quien elabore la respectiva oferta técnica, es decir, estudios, construcción, operación, mantenimiento, liquidación y reversión.

Además, La empresa delegataria recibirá un pago por barril procesado; los precios de combustibles seguirán siendo fijados por el Estado; a ello se suma la presentación de los requisitos legales, técnicos, experiencia, financieros, de seguridad, de salud y de ambiente. La delegación de la refinería, según el Ministerio, se enmarca en el decreto ejecutivo 1094 del 10 de julio de 2020 y permitirá contar con unas instalaciones modernas que contribuirá al abastecimiento de la demanda nacional de derivados de alta calidad, generará ahorro económico y fuentes de empleo.

Fuente: El Telégrafo