Desde entonces, más de 300 trabajadores se vieron perjudicados, mientras que las oficinas centrales tampoco operan al 100 por ciento porque los contratos y las ventas están detenidos.
La delegación de la Gobernación estuvo compuesta por representantes de la Dirección de Desarrollo Industrial, Energías e Hidrocarburos junto a asambleístas departamentales, la Asociación de Petroleros de Bolivia y representantes del Colegio de Ingenieros de Bolivia.
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