El evento contó con la asistencia del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón; el ministro Minas y Energía, Diego Mesa; Adriana Mazuera, directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, y representantes del sector sindical, la sociedad civil y la academia.
En la audiencia se analizó el Decreto 811 de 2020, donde se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
El senador García Realpe dijo que convocó a la audiencia por oponerse a las enajenaciones de los bienes del Estado. “Es preocupante que el Estado colombiano salga de sus empresas que son rentables, que le aportan mucho a la sociedad. Todos los colombianos lamentamos la venta de ISAGEN, una generadora eléctrica que le representaba el 20% al sector energético y fue enajenada por 5.5 billones, cuando su producción era superior a ese precio”. Indicó que es necesario que los colombianos tengan la información de los temas, relacionados con la venta de los activos de la Nación.
En su intervención, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, informó que en los últimos diez años esa empresa ha hecho transferencias a la Nación, por el orden de 230 billones de pesos y los dividendos de los accionistas del 2007 al 2019, son de 88 billones de pesos. Además, indicó que la compañía el año pasado tenía 1.900 barriles de reservas y este año está por encima de la crisis, por encima de 700 mil barriles.
Bayón señaló que este año esperan llegar a una inversión de 3 mil 400 millones de dólares y las utilidades pasaron de 10 billones a casi 16 billones. Expresó que en las regiones del país se han realizado obras por el orden de los 320 mil millones de pesos, para atender todo lo relacionado con los temas socio ambientales de los territorios.
“Tenemos la necesidad de seguir protegiendo a Ecopetrol, que es una compañía querida por los colombianos y le aporta a las regiones, da oportunidades desde el punto de vista de bienes y servicios, laboral, en las regalías y demás”, afirmó que a su modo de ver, el Decreto 811 no le aplica a Ecopetrol, sino a los bienes que eventualmente se reciban como consecuencia de la crisis. Po su parte, Adriana Mazuera, directora de participaciones estatales, de Minhacienda, explicó el Decreto 811 de 2020, donde se habla sobre el plan de enajenación de los bienes del Estado.
Congresistas, en la Audiencia Pública
El senador Jorge Robledo (Polo Democrático) hizo un llamado para evitar la privatización de Ecopetrol. “Este Gobierno y los anteriores son amigos de la privatización, la de Ecopetrol, es un buen negocio, por los grandes interese que genera».
“Sería pésimo negociar a Ecopetrol, es una empresa muy importante para las finanzas y desarrollo del país. Se dejarían de percibir 12 billones de pesos, para el PGN. No me gusta la venta de esta empresa», congresista Luis Fernando Velasco, quien agregó que se debe derogar el Decreto 811, por no ser claro. En su momento la legisladora Maritza Martínez (Partido de la U), expresó su inconformidad por el mismo documento, a la vez que resaltó las utilidades que producen las empresas petroleras para la economía del país.
Igualmente, el senador Antonio Sanguino (Partido Verde) manifestó: «No es ninguna novedad atender los problemas de déficit fiscal con la venta de las empresas estatales. Ahora la excusa es la pandemia, esto no se puede convertir en una estrategia del Gobierno». Entre tanto, el congresista de Colombia Humana, Gustavo Petro, señaló que ”la salida no es la venta de Ecopetrol, porque se ha descapitalizado, en este momento es ineficaz esa negociación. Esta empresa debe apuntarle a una transformación, en ser una generadora de energías limpias».
Así mismo, la senadora Sandra Ortiz (Alianza Verde) hizo un llamado al Gobierno, para que revise el Decreto 811,»el cual está mal redactado, está poniendo en riesgo el patrimonio de los colombianos. Ecopetrol es muy estratégica para la economía del país. Ecopetrol, es la empresa más importante del país, por eso estamos luchando para que no la vendan. Si lo hacen, será imposible para que sobreviva la economía de Colombia. Seguiremos defendiendo lo público y dando la lucha por el bienestar de los colombianos», sostuvo la congresista.
Seguidamente intervino el exministro Amilkar Acosta, en representación de la Sociedad civil, quien aseveró que el 41% del PGN del 2021, es para el servicio de la deuda. «Este es el peor momento para enajenar estos activos, que son las joyas del país», afirmó. Igualmente tomó la palabra el presidente de la USO, Edwin Palma, quien dijo que no está de acuerdo con el Decreto 811, porque atenta contra los activos de la nación. Afirmó que Ecopetrol ha hecho millonarias inversiones en los programas sociales del país y está dentro de las empresas petroleras más importante del mundo.
En la Audiencia Pública sobre la privatización de Ecopetrol, congresistas, representantes de la sociedad civil, trabajadores y de la academia, manifestaron su inconformidad y total rechazo al Decreto 811 de 2020, por contemplar la enajenación de los bienes estatales. Afirmaron que se debe derogar ese documento, por atentar contra el patrimonio del país. Así mismo manifestaron que no permitirán su privatización por considerarla la joya más valiosa en la economía del país y la riqueza de todos los colombianos.
Fuente: Eje 21 - Colombia