En este segmento del agro, más de 8000 familias, entre cañicultores y productores de alcohol artesanal, en su mayoría ubicados en la provincia del Guayas (aunque también existen en Azuay, Cañar y Los Ríos), dependen del Plan Nacional de Biocombustibles que comprende la mezcla de etanol en la gasolina ecopaís.

La afectación, según menciona Orlando Zambrano, vocero de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro y Cañicultores Unidos, radica en que desde que se inició la pandemia la movilidad de las personas se redujo y por ende el consumo de los combustibles, eso causó que los contratos de Petroecuador con las destilerías, a las que los cañicultores entregan su producto, fueran suspendidos al igual que los pagos del etanol ya entregado.

“Los cañicultores entregamos la caña a los ingenios azucareros, la caña es procesada y el jugo de caña en enviado a las destilerías para la producción de etanol. El 20 % de la caña entregada y procesada es convertida en etanol para la gasolina ecopaís. Esto significa que este problema del etanol nos afecta a todos los cañicultores de Guayas, Cañar, Los Ríos que entregamos caña”, explica preocupado Zambrano, quien señala que desde marzo no reciben el pago por parte de las destilerías.

Añade que aproximadamente 200 000 empleos directos e indirectos están ligados a la cadena productiva de la caña de azúcar, lo cual impacta directamente a 700 000 ecuatorianos.

Sin embargo, la falta de recursos de la que se quejan los pequeños productores no es exclusiva de este sector, pues la industria a la que ellos proveen la caña de azúcar también señala que no ha recibido el pago desde Petroecuador, lo que se traduce en una cadena de impagos.

La estatal mantiene, desde febrero del 2019, un contrato vigente con tres destilerías: Codana, Producargo y Soderal, pertenecientes a los ingenios Valdez, Coazúcar y San Carlos, respectivamente. Sin embargo, la relación público-privada data desde el 2010 e incluye cuatro contratos anteriores y un programa piloto por alrededor de 185 millones de litros de etanol.

Esto, sin contar los 110 millones de litros del último contrato, según Gustavo Heinert, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Biocombustibles del Ecuador (Apale), que agrupa a las tres destilerías, que junto con los ingenios han invertido a lo largo del programa alrededor de $300 millones en la ampliación de sus capacidades de producción, amparados en los contratos de inversión firmados con el Gobierno.

En tanto, el contrato de febrero del 2019, que rige hasta este año, fue dividido para que Codana provea a Petroecuador 31 033 338 litros de etanol, Producargo 37 484 846 litros y Soderal 42 000 000 de litros.

Heinert corrobora que Petroecuador suspendió desde el 15 de marzo temporalmente los contratos que mantiene con las destilerías.

Sin embargo, debido a la menor restricción de movilidad, el consumo de combustibles nuevamente se incrementó, por lo que la estatal solicitó a las destilerías reanudar el abastecimiento de etanol, lo que reactivó las entregas a partir de la última semana de julio, sin embargo, las destilerías siguen impagas desde marzo.

El director ejecutivo de Apale revela que la deuda que mantiene Petroecuador con las destilerías es de $3,8 millones desde marzo pasado.

Este Diario consultó a Petroecuador sobre el pago de ese valor, a lo que la Dirección de Comunicación de la estatal contestó que el tema está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que debe realizar el desembolso.

También se realizó la consulta con esta cartera de Estado, pero hasta el cierre de está edición no hubo respuesta.

En tanto, Heinert señala que el contrato que tienen actualmente los industriales con Petroecuador finaliza en octubre o noviembre próximos. “Se espera que Petroecuador realice nuevos contratos de abastecimiento de etanol con la industria ecuatoriana y de esa forma dinamizar todos los beneficios, ambientales, sociales y económicos que los biocombustibles aportan al país”, sostiene el directivo.

Fuente: El Universo - Ecuador