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que amplía el diferimiento del pago de créditos hasta el 31 de diciembre de este año.

“Esta ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos. Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero (...)”, advierte un comunicado del sector.

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