Este informe entregado a la Comisión de la Verdad el 30 de julio en el Foro virtual Verdad y Empresas resaltó que durante los años 2000, 2001 y 2013 se llevaron a cabo el mayor número de acciones armadas contra infraestructuras petroleras; casi el 26% del total de atentados ocurridos entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016, año en que se cierra el periodo de análisis de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, se indicó que el 76,8 % de esas acciones armadas ocurrieron en los departamentos de Putumayo y Nariño (lideradas por las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia- FARC); y en Arauca, Norte de Santander y Santander, (lideradas por el Ejército de Liberación Nacional- ELN). En cuanto al tipo de daño, el informe reveló que el 59% fueron los daños a infraestructura y bienes; 17% impactos al medio ambiente; y sólo un 2% de afectaciones a civiles/personas.
“Las cifras no dan cuenta de la tragedia humana que se desprende de los ataques. No sólo por el subregistro de personas afectadas, sino porque no revelan las rupturas en el tejido y las dinámicas sociales”, agregó María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, centro de pensamiento independiente que genera conocimiento, propone iniciativas y acompaña procesos en los territorios para contribuir a la construcción de paz en Colombia. Asimismo, la fundación indicó que los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino fueron las áreas de influencia que mayores ataques sufrieron.
Cabe destacar que el oleoducto Caño Limón Coveñas(OCC) tiene una longitud de 778 km y atraviesa un total de 37 municipios ubicados en siete departamentos y tiene población ubicada a lo largo de los municipios del OCC de 1.587.295 habitantes. El
informe estima que entre el año 2000 y 2017 los ataques al OCC por parte del ELN generaron aproximadamente 167 muertos y 584 heridos. Por su parte, Ecopetrol estima que, en los 33 años de operación del oleoducto, se han realizado más de 1.500 ataques a su infraestructura, generando derrame de crudo de aproximadamente 3,7 millones de barriles a lo largo de los municipios aledaños.
Mientras que el oleoducto Trasandino (OTA) tiene una longitud de 307 kilómetros y atraviesa 12 municipios y tiene una capacidad de bombeo de 48.000 barriles por día, y un flujo promedio es de 2.000 barriles por hora. Su importancia recae en que es el único oleoducto en el pacífico colombiano que comercializa el hidrocarburo y sus derivados con los mercados de Asia. El total de población ubicada a lo largo de los municipios del OTA es de 323.901 residentes.
Por otro lado, el informe enfatizó que “los ataques no discriminan entre personas o sus roles, viéndose afectados física y emocionalmente tanto trabajadores directos y contratistas del sector, así como las personas de las comunidades aledañas a estas infraestructuras”.
“Este informe es un aporte a la comprensión del conflicto armado y a la construcción de una narrativa de verdad desde distintas miradas, incluyendo las de comunidades y trabajadores relacionados con la infraestructura petrolera del país”, señala la nota la FIP.
Durante la presentación del informe, primero en su tipo, ante la Comisión de la Verdad, Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), expresó que no comparte la premisa del informe de que la presencia de la industria haya contribuido a la exacerbación del conflicto armado. “No eso, no es así, esa es una premisa que amerita toda la discusión, porque es como si la culpa fuera de la industria petrolera.
Hay un tema muy de fondo. La industria petrolera fue víctima como tantos Colombianos del conflicto y las acciones armadas”. Y con respecto a la labor de la Comisión y su Informe Final Lloreda señaló que no espera una verdad histórica oficial, que es imposible de alcanzar. “Espero que (la Comisión) nos comparta una serie de relatos plurales, dando voz a las víctimas”. Esta industria ha sido víctima del conflicto armado”, señaló.
Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de Ecopetrol, Alberto Consuegra, afirmó que “la no repetición debe ser un lema para todos, de tal forma que podamos construir la paz que necesitamos para el país”.
Finalmente, la FIP le recomendó a la Comisión de la Verdad seguir realizando investigaciones sobre la relación entre el conflicto armado y la industria de hidrocarburos, así como las afectaciones ocurridas a las comunidades y el medio ambiente, en vista de la Comisión tiene el rol de visibilizar la multiplicidad de actores afectados durante el conflicto armado en Colombia.
Fuente: Petroguía - Colombia