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La declaratoria de calamidad pública, que emitió el Gobierno mediante decreto supremo, le permitirá acceder a recursos económicos de hasta 2.109 millones de bolivianos, monto que representa el 1% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020, como establece la Constitución Política.

El artículo 339 de la Carta Magna señala: “El Presidente podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el PGE”.

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