EL DEBER

Una carrera para demostrar quien tiene el poder es la que se da entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. Una situación que para los analistas, desde distintas perspectivas, crea un escenario en donde el Gobierno recurre a los decretos para poder dar continuidad a su programa de emergencia frente al coronavirus, con la obligación de usar esos recursos amparado en la Constitución.

Alejandro Mansilla, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), explicó que el Decreto Supremo (DS) 4301 de Calamidad Pública promulgado por el Gobierno de Jeanine Áñez, no es otra cosa que el resultado de la tensión que hay entre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Poder Ejecutivo.

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