La Ley 26.093 es vital para la provincia de Santa Fe, ya que garantiza que una parte de la producción del biodiesel (originado a partir de cultivos oleaginosos) se destine al mercado interno gracias al corte obligatorio del 10% en el diesel. El 80% del biodiesel se produce en Santa Fe.

La senadora indicó que “las 54 plantas productoras de biocombustibles radicadas en el país emplean a más de 300 mil personas” y subrayó que “los beneficios que este Régimen aportó en materia de diversificación de la matriz energética hacen necesario garantizar su continuidad y previsibilidad”. En ese sentido, la legisladora entendió que también es “imprescindible extender el Régimen, por propiciar el desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de importaciones y preservación del medio ambiente”. Desde hace más de dos años, diferentes actores de la industria del bioetanol y el biodiesel pujan por la prorroga del régimen, además de reclamar un cupo mayor en el corte de biodiesel en el diesel y de bioetanol en las naftas.

Por su parte, la Liga Bionergética que integran las provincias productoras de biocombustibles (entre ellas Santa Fe) elaboraron un proyecto de ley que otorga un nuevo horizonte de 15 años, y establece un corte mayor de las naftas y gasoil para aprovechar la capacidad productiva ociosa del sector y abre la participación a más pymes para el desarrollo de las economías regionales.

La senadora santafesina expresó que “la utilización de biocombustibles genera un ahorro (en comparación con los combustibles fósiles) superior al 75% en la emisión de gases de efecto invernadero y mejora la calidad del aire que se respira en las ciudades”. “Desde la promulgación de la Ley 26.093 se han generado cuantiosas inversiones y beneficios de diversa índole en todo el país en materia social, ambiental y económica y otorgó previsibilidad a los productores de biocombustibles”, destacó Sacnun.

Un punteo por las comisiones

En las comisiones del Senado de la Nación aún tiene estado parlamentario un proyecto muy interesante del hoy gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sobre biocombustibles y su régimen de promoción que vence en 2021.

El texto del entonces legislador opositor otorgaba un 30% de corte de biodiesel en el diesel y un 28% de bioetanol en las naftas, pero se encuentra sin avances en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles desde mayo de 2019. “En el caso del biodiesel, y con 37 fábricas capaces de producir anualmente cerca de 4,4 millones de toneladas al año, la capacidad instalada excede la propia demanda. El grado de utilización de la capacidad instalada fue en 2017 de aproximadamente el 60%, según la Bolsa de Comercio de Rosario, explicaba Perotti.

También hay una iniciativa de Cambiemos, que extiende la norma por 30 años, y contempla un aumento progresivo del corte de bioetanol en las naftas, es decir de los alcoholes derivados de la caña y el maíz y -en cambio- fija en el 10% para las tres décadas el corte que interesa a Santa Fe: el de biodiesel. Lo firman senadores de Tucumán, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Chaco y Jujuy y Entre Ríos (Alfredo de Ángelis). Dejan a discreción del Ejecutivo el poder subir o bajar el corte de biodiesel. El mismo riesgo para el biocombustible -que es mayoritariamente santafesino- se presenta en el proyecto del jujeño Mario Fiad (UCR), que plantea ampliar el plazo del régimen hasta 2036 y en cambio sube al 15% el bioetanol “como mínimo”.

La senadora tucumana Beatriz Mirkin piensa en extender el régimen hasta el 11 de mayo de 2026 y con el 10% -como mínimo- de biodiesel en el diesel y subas mejores para el bioetanol. Además, hay 14 senadores que firmaron un proyecto en el que figura la tucumana radical Silvia Elias de Pérez junto a varios correligionarios y aliados de Cambiemos (entre ellos representantes del NEA y el NOA) . Está desde agosto en la comisión de Minería y se limita a extender por 30 años más la norma aún vigente. 80% del biodiesel que se produce en el país proviene de Santa Fe. Un debate político cruzado por lobbies, por Luis Rodrigo En las comisiones del Senado de la Nación existe más de una decena de proyectos de ley vinculados al régimen que creó las condiciones para el desarrollo de los biocombusitibles, hace 15 años, con fecha de vencimiento en mayo de 2021.

Esta semana se conoció el texto presentado por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, que tiene un aspecto a destacar: el primero en el que, desde que el PJ ocupa el rol del oficialismo en la Cámara alta del Congreso, busca desde ese espacio mayoritario darle garantías al sector del biodiesel santafesino, que domina el 80% de la producción nacional. Se trata de mantener, al menos, el mercado interno a la producción de biocombustibles. Pero como se verá, el debate está marcado tanto por los roles lógicos de oficialismo y oposición de los bloques y los legisladores, como por la fuerte presencia de lobbies económicos poderosos.

En mayo de 2021 vencerá la ley 26.093 que creó desde 2007 en Santa Fe una industria capaz de otorgarle valor agregado a la producción primaria. La norma obliga a las petroleras a mezclarle al diesel un 10% de biodiesel (elaborado con oleaginosas) y un 12% de bioetanol a las naftas (elaborado en base a caña de azúcar y maíz).

El punto más alto de ese proyecto económico, fruto de decisiones políticas en el país y sobre todo en Santa Fe durante el gobierno justicialista de Jorge Obeid, es el desarrollo del B-100 que se creó durante los gobiernos provinciales del Frente Progresista y hoy está sumido en el olvido -o al menos el silencio- desde la Casa Gris. Se trata de un combustible sin derivados del petróleo que demostró su eficacia con pruebas certificadas por el INTI en la flota de colectivos de Rosario y que bien podría ser usado en el transporte de pasajeros en todo el país.

El proyecto de Sacnun (en el oficialismo nacional y con la mirada puesta desde Santa Fe) es importante porque mientras la gestión provincial actual le ha bajado el perfil al B-100 y a la liga de las provincias bioenergéticas, se vuelve a poner en agenda la renovación del régimen que hizo crecer las energías verdes. No debe olvidarse que -desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández- hubo dos funcionarios del gobierno nacional que mostraron interés en que otras alternativas reemplacen al diesel.

El interventor del Ente Regulador del Gas, Federico Bernal, habló de un plan oficial para usar GNC aún más comprimido en el transporte de cargas y antes -en marzo- el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó se busca “una agenda de electromovilidad” para importar unidades de colectivos eléctricos fabricados en China para promover la industria del litio en la Argentina.

Aspectos económicos y estratégicos de esa importancia están en juego en la ley que modifique o reemplace al régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Fuente: Agencias - Argentina