Esto para ciertos casos especiales que sean pedidos por el Ministerio de Finanzas.
Mediante resolución DIR-EPP- 08-2020-07-01, el directorio de Petroecuador -conformado por el ministro de Energía, René Ortiz; el presidente de EMCO, Marco Ávila, y Johana Pesántez (delegada del presidente Lenín Moreno)- aprobó la nueva política que ahora establece que “para los casos en los que la operación de compraventa de hidrocarburos sean solicitados por el ente rector de las finanzas públicas … el directorio de la EP Petroecuador, para la autorización del inicio del proceso de negociación respectivo, deberá considerar el beneficio financiero o económico para el Estado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento y utilidad empresarial”.
De esta manera, se da luz verde a una operación de venta de crudo entre 50 millones y 70 millones de barriles de crudo a la empresa Zhenwua, necesaria para concretar un crédito por $1400 millones para el fisco, pero que EP Petroecuador consideraba no conveniente para los intereses económicos de la empresa, pues podría generar una pérdida de $119 millones, debido al diferencial que la negociación comercial con China representaría.
La resolución del directorio se ampara en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1075 del 23 de junio pasado, que cambió las atribuciones de los directorios y gerentes de empresas públicas. Así, tras ese decreto, el directorio ordenó el cambio de política de comercialización de crudo, directriz que fue cumplida por el gerente de la petrolera (Pablo Flores), quien redactó la propuesta del texto que acaba de ser aprobada, según consta en la resolución.
La política de comercio internacional de petróleo dictaba, antes de este cambio, la obligación de la empresa de “propender a la maximización de los ingresos por venta internacional de hidrocarburos”. Además, comercializar a largo plazo (dos años) el petróleo y los derivados, preferentemente con compañías estatales y consumidores finales. Así también mantener el control de los precios a través de ventas spot ocasionales (programadas) mediante concursos abiertos y que sean mínimo 10 % del saldo exportable anual. Esto permite ajustar los precios conforme al mercado.
El Ministerio de Finanzas ha remarcado que habría varios beneficios para el país. El primero es el acceso inmediato a $1400 millones de libre disponibilidad para el Estado, con una tasa de financiamiento Libor 3M + 5,15 % (reducción de 1,05 % con relación al interés de un préstamo anterior a Petroecuador). Habría un periodo de gracia de 9 meses, por lo que el actual Gobierno no tendría que realizar pagos. También se hace hincapié en que habría un ahorro en pago de intereses de alrededor de $1100 millones si se compara con el costo de financiamiento en el mercado de capitales.
Este último punto demuestra la nula posibilidad que tiene el país de conseguir créditos en los mercados. Con el Riesgo País actual, que al 2 de julio se había colocado en 3279 puntos, el interés al que se podrían colocar los bonos sería de 30 % por año. Finanzas considera que la operación también podría beneficiar a Petroecuador. Esto pese a la pérdida calculada de $119 millones. Es que para proceder con la operación, es necesario el pago anticipado de la transacción vigente ($217 millones), en la que contractualmente Petroecuador es el prestatario, esto traerá como consecuencia costos evitados por conceptos de pago de intereses y comisiones, lo que le aliviará la presión fiscal a Petroecuador en el gasto corriente.
Además, indica el ministerio, “se daría por terminada la operación vigente entre el ICBC y EP Petroecuador, con lo cual se podría dar cumplimiento en su totalidad a la recomendación 13 efectuada por la Contraloría del Estado en el Informe No. DNA3-0007-2018. En dicho informe la Contraloría pedía terminar dicha operación y no reincidir en operaciones de este tipo. Según el ministerio, la observación de Contraloría indica que en este tipo de operaciones, Petroecuador no puede realizar préstamos sino que del tema financiero debe encargase Finanzas.
Fuente: El Universo - Ecuador