El Gobierno Nacional tiene la intención de poner en vitrina y para venta la participación que posee en dos empresas consideradas como sus joyas de la corona: Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y Ecopetrol.

La razón de enajenar estos dos activos, así como otras empresas del Estado y que hacen parte hoy día del mercado bursátil del país, es con el objetivo de captar más recursos, ya que sus arcas quedaron prácticamente vacías por las ayudas económicas ante al emergencia sanitaria por la covid-19.

Y fue precisamente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) el que abrió la puerta para la posible venta accionaria de las compañías estatales inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tema relacionado en su capítulo “Medidas fiscales y presupuestarias”, con miras a vigencias futuras.

“Se toman medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado adquirida o recibida en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 637 de 2020”, señala uno de los apartes del MFMP.

Y punto seguido subraya: “se establecen disposiciones especiales para la enajenación de acciones de la nación en sociedades inscritas en la bolsa de valores, cuyos recursos sean destinados para atender los efectos económicos adversos relacionados con el estado de emergencia”.

Para analistas del sector energético y del mercado bursátil consultados por Portafolio, los dos citados párrafos (localizados en la página 400 del MFMP), prácticamente tiene nombre propio: “la venta de participación que el Gobierno tiene en ISA y Ecopetrol”.

Según las cuentas del Ejecutivo trazadas en el MFMP, por el proceso de enajenación, se proyecta recaudar recursos por $12 billones para el 2021.

Sin embargo, si el Ejecutivo oferta el 11% de ISA obtendría casi $10,6 billones, y por el 8% o 9% de Ecopetrol (el cual ya está autorizado) le llegarían más de $7,6 billones, lo que quiere decir que solo con una venta que no superaría el 20% entre ambas compañías, al país le entrarían poco más de $18 billones.

“El Gobierno no necesariamente tiene que recurrir a la venta de participación de empresas estatales listadas en bolsa ya que tiene presencia en otras compañías como electrificadoras, y cuyos activos no superarían los $4 billones en su valor”, señaló José Ignacio López, jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Otra de las empresas, en la que el Estado tiene participación, está listada en bolsa y que podría ser enajenada es Colombia Telecomunicaciones (Coltel), filial de la española Telefónica, y en la que el país tiene el 32,5% de la torta accionaria.

Aunque el Ministerio de Hacienda no ha revelado cuáles serían esas participaciones que pondría en vitrina para la venta el próximo año, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que hoy la Nación tiene presencia en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones.

De acuerdo al texto del MFMP, el proceso de enajenación de empresas estatales listadas en bolsa, así como el destino que se le darían a los recursos producto de la venta, está descrito en el Decreto 811 de 2020, expedido en el marco de la emergencia económica el pasado 4 de junio.

“Este Decreto Legislativo establece el régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, resalta la citada norma.

Agrega que los programas de enajenación se fundamentarán en estudios técnicos, los cuales incluirán la valoración de cada entidad de la cual la Nación pretenda ofertar sus acciones o participaciones.

Más adelante, el Decreto señala que, de acuerdo con las ofertas que reciba por las empresas a enajenar en la respectiva operación de subasta o martillo, “podrá adelantar el proceso de construcción de dicho precio según los usos y prácticas internacionales.

Cuando el Gobierno Nacional decida fijar un precio mínimo para las mismas, podrá mantenerlo en reserva con el fin de proteger el patrimonio público”.

Asimismo, los títulos podrán ser ofrecidos de manera simultánea a los destinatarios de condiciones especiales, esto es, sus trabajadores, organizaciones solidarias y de trabajadores, y al público en general. En primer lugar, serán adjudicadas las acciones por las cuales los destinatarios de condiciones especiales hagan ofertas, mientras que el remanente será adjudicado a quienes presenten ofertas de acuerdo con las reglas del proceso.

Además, y según la citada medida, el Ejecutivo deberá destinar el 100% de los recursos que obtenga de la enajenación al Fondo de Mitigación Emergencias (Fome) para la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, para disminuir el monto de la deuda adquirida para mitigar los efectos económicos adversos económicos de la pandemia causada por la covid-19. “En el Presupuesto General de la Nación se definirá el monto específico que se destinará a cada uno de estos usos”, subraya el Decreto 811.

Finalmente, para el proceso de enajenación, el Gobierno establecerá un proceso de precalificación para los beneficiarios de condiciones especiales con el fin de que las ofertas que estos hagan en la venta de acciones de la Nación en sociedades listadas en bolsa puedan ser objeto del tratamiento preferencial.

El camino queda despejado para la posible venta de participación del Ejecutivo en ISA y Ecopetrol.

Fuente: Portafolio - Colombia