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La ley para el control y fiscalización del endeudamiento público y donaciones, sancionada por el pleno de la Cámara de Diputados y remitida al Ejecutivo para su promulgación pone al menos tres “candados” al financiamiento del Gobierno en plena pandemia. Parlamentarios del oficialismo calificaron la norma como redundante y política, al duplicar los controles que realiza la Contraloría General del Estado (CGE) sobre estas operaciones.

Los “candados” que pone la ley son la obligación al Ejecutivo de entregar informes trimestrales sobre el destino de los fondos obtenidos a través de la emisión de títulos valores en mercados externos, la entrega de informes sobre el destino de las donaciones y la revisión de las condiciones financieras de los títulos valor en comparación con las de los financiamientos disponibles a través de organismos multilaterales.

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