El Gobierno Nacional continúa evaluando los reglamentos técnicos, jurídicos y ambientales para el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (Ppii) en el país sobre el fracking.
Al mismo tiempo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) trabaja en los aspectos generales para la puesta en marcha de estas iniciativas, el Ministerio de Ambiente ya estudia lo que serían los requisitos que se tendrían que surtir para el licenciamiento ambiental.

Así se puede ver en un resolución que sacó a consulta el sábado pasado esa cartera, la cual estará para comentarios hasta el próximo 28 de junio. En concreto, si bien el documento aún es una versión preliminar, se establecerían una serie de condiciones para que las autoridades puedan otorgar las licencias en los territorios.

“El interesado en obtener la licencia ambiental deberá verificar que no queden excluidos de la evaluación los aspectos que puedan afectar o producir deterioro grave de los recursos naturales renovables o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”, dice el documento del Ministerio.

De fondo, lo que establecería no solo la cartera, sino también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) es que las petroleras hagan un estricto Estudio de Impacto Ambiental. Así se podrían definir los impactos reales de la práctica, y conocer los factores externos que se podrían sumar en un eventual inicio de los pilotos.

Ante esta reglamentación, LR consultó con el Minambiente para conocer, además, cómo sería la vigilancia y el control de las autoridades, así como los términos de referencia. No obstante, al cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.

Pero más allá de la posición del Gobierno, el documento ya ha generado voces a favor y en contra. No solo de quienes dicen que aún no hay certeza real sobre cómo sería el desarrollo de esta técnica, sino también de aquellos que creen que dichos pilotos le abren una ventana de oportunidades al país.

“Vemos como una imposición de la industria, en la cual no hay tipo de control judicial a este tipo de documentos que se están emitiendo en la emergencia que vive el país. No vemos participación, ni diálogo. Estos términos de referencia los estamos estudiando, pero vemos que no ofrecen garantías y no hay condiciones adecuadas”, dijo Óscar Sampayo, integrante de la Alianza Libre de Fracking.

De esta postura se distancian algunos directivos del sector petrolero, quienes destacan que aún es muy prematuro evaluar los impactos, pues se tendrán que surtir trámites de licenciamiento y de socialización. Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy y experto en hidrocarburos, aseguró que aún estamos en el inicio de un proceso que podría tardar hasta un año y medio.

“En las línea base obviamente se tendrá que hacer el levantamiento de cómo están las diferentes áreas en los componentes de suelo, tierra, aire y en el tema de salud pública. Y sí vendrá todo el análisis que requiere el piloto”, dijo.

Por ahora, se espera que el Gobierno, la industria y los académicos continúen trabajando las líneas base y en los términos de referencia. Si bien todavía no se puede estimar cuándo se podría expedir la reglamentación ambiental, desde la ANH se confirmó que en octubre se adjudicaría la convocatoria para escoger a las empresas. Tras este proceso, las petroleras tendrán que hacer el licenciamiento, que, tal y como se espera, tardaría entre seis meses y un año.

Fuente: La República - Colombia