«Mostró mayor compromiso y ha dedicado mayor cantidad de recursos a privilegiar sus negocios», acusó el Gobierno, que instó a la firma a pagar este monto antes del próximo lunes 22 de junio.

La Secretaría de Energía y Minería había intimado -el día 30 de abril- a la empresa petrolera -que opera en el sur pampeano-a presentar los descargos correspondientes luego de verificar un cese total en las actividades del área que implicó la paralización de la producción de hidrocarburos, pese a ser una actividad exceptuada del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado a partir del inicio de la cuarentena, el pasado 20 de marzo.

La disposición dictó el Gobierno (17/2020), a través de la cual se aplica la sanción, dio por sentado que la paralización del yacimiento ocasionó pérdidas directas en concepto de regalías no percibidas, como así también una disminución en la actividad de las empresas locales de servicios y mano de obra afectada a los trabajos configurando un incumplimiento contractual grave pasible de ser sancionado.

En ese sentido, la Subsecretaría dictaminó que el cese de actividades «fue producto de una decisión empresarial que no fue informada oportunamente», lo que «hubiera permitido realizar una evaluación conjunta, sobre las medidas a llevar a cabo, a fin de cumplir con las restricciones que les fueran impuestas a la empresa sobre el volumen de entrega».

Esto, según se puede leer en la disposición, podría haber permitido a las partes «evaluar alternativas que perjudicasen lo menos posible y no llegar a la decisión que ha adoptado Pluspetrol SA de paralizar totalmente el área Gobernador Ayala III».

Al entender que la firma petrolera no cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato, el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería aplicó a una multa diez millones de pesos, equivalente a 948.492 litros de petróleo crudo. Como plazo, se intimó Pluspetrol a abonar el monto en los próximos 10 días hábiles a partir de la notificación.

Rechazó la imputación.

Tras ser noticiado sobre la imputación, en su descargo la firma petrolera afirmó que la decisión de paralizar sus operaciones no fue una decisión «arbitraria» y se excusó bajo la coyuntura social y económica que atraviesa el mundo hace ya varios meses.

«Cabe recordar que nos encontramos ante una situación pública y notoria de crisis internacional, sumada a la pandemia del Covid-19 con todas las medidas que ello ha traído, lo que ha derivado además en una situación de evidente crisis. En dicho contexto, Pluspetrol ha tomado decisiones de la manera más razonable y eficiente posible en su calidad de operador de yacimientos, buscando en cada una de ellas siempre preservar ante todo la seguridad de las personas, el medio ambiente y la compañía», precisó la firma, según se dejó por sentado la Disposición 17/20 a la cual tuvo acceso LA ARENA.

La paralización, continúo la firma, «se encuentra íntimamente vinculada a las restricciones en el transporte y almacenaje de crudo, y la posterior colocación en el mercado». Sin embargo, la Provincia entendió que «los argumentos alegados por la operadora no resultaron conducentes para justificar la paralización del área, por ello se imputó a la firma por la decisión unilateral de la paralización del área Gobernador Ayala III».

«Priorizar el negocio».

Según acusó la Provincia, Pluspetrol «mostró mayor compromiso y ha dedicado mayor cantidad de recursos a privilegiar sus negocios en desmedro de La Pampa» y le recordó que el hecho den o pagar regalías al Estado puede tener como consecuencia la rescisión del contrato.

«La actitud de la empresa de haber tomado una decisión unilateral, inconsulta y arbitraria, efectivamente significó dejar de pagar regalías por el cese de producción», sostuvo el Gobierno, que calificó esta actitud como «dolosa» en contra de La Pampa.

«En el descargo de la empresa surge que la misma se encontraba analizando la evolución del precio del crudo, lo que demuestra que se hallaba en condiciones de poder prever diferentes escenarios para la toma de la mejor decisión» y que «en ningún momento la empresa manifiesta haber intentado convocar a la autoridad de aplicación para hacerla partícipe de su decisión», completó.

Fuente: La Arena - Argentina