Con un desplome global del precio del petróleo, el barril Brent cerrando en u$s26 -después de haber iniciado el año en u$s60- y el mercado de contratos WTI marcando un insólito valor negativo de u$s -37, el Gobierno argentino enfrenta por estas horas una fuerte presión de las operadoras, las provincias y los gremios petroleros para fijar un precio sostén de hasta u$s54.
No es el mejor “timing” en medio de la cuarentena: el establecimiento de un “barril criollo” para alcanzar el valor internacional implica subsidios millonarios a la industria hidrocarburífera.
La idea del Ejecutivo es encontrar un punto de equilibrio, pero demora su decisión por diferencias internas. Las tensiones crecieron en las últimas horas ante el endurecimiento de sectores del oficialismo que, en contraposición con lo que denominan el “lobby” empresario, proponen revisar la estrategia en Vaca Muerta y hasta reestatizar por completo YPF mediante la compra del paquete accionario en manos de inversores privados.
La idea se discutió en los equipos técnicos del PJ, un espacio que colaboró con el programa del Frente de Todos en las elecciones, aunque ahora aseguran que están abocados a la discusión del “barril criollo”. Al menos por ahora, casi nadie se anima a asumir esa postura abiertamente dentro del Gobierno, pero ya es un tema en los despachos de los funcionarios.
Ese es el caso del informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Gustavo Lahoud, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presidido por el economista. Allí se plantea que la coyuntura actual ofrece una “oportunidad única” para retomar el rol rector de la compañía insignia en materia energética y “recuperar la renta hidrocarburífera”, un proyecto visto con simpatía en algunos sectores kirchneristas. Uno de los factores favorables sería la fuerte caída del petróleo en medio de las tensiones en los países de la OPEP y el desplome de las cotizaciones de las principales empresas del mundo provocado por la pandemia. Ese combo golpeó también a las acciones de la petrolera argentina en EE.UU., que cerraron el lunes en baja a u$s3,77, luego de tocar el 18 de marzo los u$s2,31, su nivel más bajo desde su salida a la bolsa en 1991. Así, la compañía vale hoy u$s1.483 millones, un 60% menos que a principios de año.
“En esta emergencia, podemos aprovechar la coyuntura donde los papeles de YPF han caído a valores realmente irrisorios y por muy poco dinero quedarnos con el 49% de las acciones que faltan, y al mismo tiempo transformarla en una empresa de carácter público y un instrumento de planificación en el sector energético”, aseguró a Lozano a iProfesional.
Desde el 2012, el Estado controla el 51% de las acciones de la empresa, mientras que el 49% restante cotiza en la bolsa de Buenos Aires y en el mercado de acciones de Nueva York. La expropiación a la española Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner implicó el pago de unos u$s5.000 millones, en momentos que la petrolera tenía un valor total cercano a los u$s11.000 millones, y la designación de directores estatales bajo la figura de una sociedad anónima inaugurada por la privatización de 1992.
Ahora, Lozano sostiene que Alberto Fernández debe recomprar la porción restante. Se trata de una tenencia valuada en más de u$s700 millones distribuida entre 223 fondos institucionales y de inversión. En efecto, los primeros diez accionistas institucionales y los primeros diez accionistas de fondos de inversión detentan el 30,96% del 49% en manos de agentes privados.La operatoria -creen en el IPyPP- podría realizarse mediante una oferta hostil para adquirir el paquete accionario, en su mayoría controlado por firmas estadounidenses. Según los datos actualizados al 30 de diciembre de 2019, el mayor tenedor institucional es Wellington Management Company LLP, uno de los principales fondos mutualistas de Estados Unidos, con casi 10,3 millones de acciones por u$s119,22 millones, el 5,98% de las acciones en circulación.
Fuente: IProfesional - Argentina