Esta audiencia que se ha realizado en varias sesiones partió de la acción de protección interpuesta el 29 de abril por  la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana  y los obispos de Orellana y Sucumbíos, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, quienes señalan que este derrame, pudo evitarse. "Como organizaciones que acompañamos a las víctimas insistimos en que este derrame pudo evitarse si las entidades que comparecerán, hubiesen asumido oportunamente las acciones preventivas para evitar los daños", manifiestan los demandantes en el boletín reseñado por el  portal La Vanguardia.com

Las organizaciones indígenas consideran que el derrame, calculado en al menos 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo, es uno de los desastres ambientales más graves de los últimos quince años en Ecuador, y ha afectado a 27.000 personas.

Las organizaciones pidieron al juez garantizar el debido proceso y exhortaron al gobierno nacional a que active con carácter de urgencia de brigadas de salud dirigidas a las comunidades, especialmente a menores de poblaciones indígenas, donde se han confirmado casos de COVID-19 y un brote de dengue.

A parte de Petroecuador fueron citados a declarar por este caso, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz; el de Ambiente, Paulo Proaño; y el de Salud Pública, Juan Carlos Cevallos; el procurador general del Estado, Íñigo Salvador y  el representante legal de la Compañía de Crudos Pesados Ecuador (OCP).

Acciones emprendidas por Petroecuador

Durante la audiencia, el Equipo técnico y jurídico de Petroecuador  informó que ante rotura del SOTE y Poliducto Shushufindi Quito, por causas naturales, emprendió acciones inmediatas en materia ambiental y social.

En tal sentido, explica que para cometer los trabajos en materia ambiental, en conjunto con la OCP, dividió el territorio afectado en tres zonas y contrató a tres empresas ( Arcoil, Corena y PecsAmbiente),  quienes efectúan los trabajos de remediación, en virtud de lo cual se establecieron 220 puntos de recuperación ambiental, donde trabajan más de 500 personas bajo estrictos protocolos sanitarios, para evitar la propagación de #COVID19.

“En los Rios Quijo; Coca y Napo se realizan desbroce y recolección desechos sólidos, tratamiento de desechos sólidos; lavado de riberas; succión, recuperación y desalojo de contaminantes; tratamiento de suelo contaminado; monitoreo de la descontaminación; reconformación del área”, señala vía Twitter la estatal ecuatoriana.

Asimismo, Petroecuador destaca  vía web que  las labores de remediación llevadas a cabo por son supervisadas constantemente por el Ministerio de Ambiente y han contado con al apoyo de Embajada de los Estados Unidos en Quito, y la asistencia técnica de agencias como:  La Agencia de Protección del Medio Ambiente  de Estados Unidos, Departamento del Interior de Estados Unidos, La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias,  El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

En materia social, Petroecuador afirma que “La atención a las comunidades ha sido también constante por parte de Petroecuador y en coordinación con OCP, con la entrega de más de 590.000 litros de agua. Hasta el 10 de mayo se sumaron 4.062 kits alimenticios facilitados a las comunidades, y cerca de 1.500 valoraciones médicas realizadas en las comunidades identificadas a lo largo del rio Coca”.

“Petroecuador ratifica su compromiso de atender las necesidades de las comunidades afectadas por la rotura del SOTE y del Poliducto Shushufindi – Quito, así como trabajar intensamente en las labores de remediación ambiental en las riberas de los ríos Quijos, Coca y Napo”, señala Petroecuador en su portal web.

Fuente: Petroguía - Ecuador