Hace más de 22 años, el 26 de febrero de 1998, un dantesco incendio fracturó una tubería de crudo en la refinería de Esmeraldas, costó la vida de decenas de ecuatorianos. Desde entonces trascendió que los pobladores de esa zona, que produce una buena proporción de los combustibles de consumo interno, viven en absoluto abandono y en condiciones de salud que empeoran.

A raíz del incendio, en octubre de 2002, la comunidad entabló un juicio contra Petroecuador, en el que la Justicia reconoció el daño y sentenció al gigante estatal a pagar 11 millones de dólares en reparaciones. De esos, sólo llegaron 5,5 millones.

Un estudio de la Universidad de Huelva, en España, reveló en 2010 una alta incidencia de ciertos tipos de cáncer en los trabajadores de la refinería. Igualmente, se han escrito varias investigaciones sobre los problemas de salud que sufren los habitantes del sector.

Ayer, el presidente de Petroecuador informó que estaría por pedir un préstamo al BID para que “una empresa especializada” se hiciera cargo de detener la contaminación. Es decir, admitió la emisión de “graves” agentes contaminantes, pero justificó que el daño inició antes de su administración. Recientemente el ministerio de Ambiente inspeccionó el sitio, pero la prensa no puede acceder al informe técnico.

Olvidan los funcionarios que “su administración” es solo pasajera, y que es el Estado el que debe responder ante sus ciudadanos. Los esmeraldeños merecen una respuesta ya.

Fuente: La Hora - Ecuador