EL DEBER

El timbre suena y la vecina sale de su casa a recibir tres bolsas de alimentos que están casi congelados. Ya está en sus manos el dinero con el que paga por el servicio a domicilio. El vendedor, también tiene listo el datáfono por si el cliente quiere pagar con una tarjeta. El proveedor está totalmente cubierto por un overol y protegido de guantes oscuros y un barbijo que le cubre casi todo el rostro. Le da la factura a su “casera” y se da la vuelta para seguir con su distribución puerta a puerta.

La empresa es una de las tantas que, independientemente de las condiciones del nivel de riesgo de los municipios, tienen el permiso para desarrollar sus actividades ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de garantizar el abastecimiento de la población, según el Decreto Supremo (DS) 4229.

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