AICA - ECUADOR

están afectadas por la rotura de la tubería petrolera del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), considerados como las principales vías por donde se transporta el petróleo en Ecuador.

“Estamos preocupados -dijo monseñor Jiménez- por nuestras comunidades y exigimos que el Estado y la sociedad se hagan sensibles y responsables por la defensa de la casa común”.

De acuerdo con la denuncia del prelado en el incidente indicó que se ocultó información a las comunidades afectadas por la contaminación. Situación que se puede constatar en diferentes boletines de prensa emitidos por Petroecuador y el gobierno nacional, donde se refieren al hecho como una reducción de presión en la tubería que estaría afectando la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), sin mencionar la ruptura de la tubería y el consiguiente derrame.

Igualmente, el prelado asegura que no se tomaron las medidas de contención para frenar el derrame y el petróleo llegó a las aguas del río Coca y Napo, ocasionando graves efectos ecológicos y ambientales. Si a la contaminación petrolera se le suma la difícil situación generada por la pandemia del Covid-19; las comunidades adyacentes sufren el deterioro de su salud, la pérdida de sus garantías alimentarias y la estabilidad social.

La solicitud

Ante la gravedad de la situación el responsable del vicariato apostólico de Aguarico, solicita al gobierno nacional a la empresa estatal Petroecuador y las autoridades ambientales; la creación de una veeduría de las comunidades y sus líderes con el fin de garantizar una reparación ambiental y social de carácter integral.

Una de las prioridades es que se garantice la calidad del agua de los ríos Napo, Coca y Payamino en lo referente al consumo humano; esto si se tiene en cuenta que el río representa la salvaguarda de la salud y la alimentación de las comunidades.

Para el obispo estas respuestas deben darse desde lo concreto porque urge una reparación ambiental y social que ayude a las comunidades situadas en la ribera de los ríos Coca y Napo, afectadas por el derrame. Sin olvidar que la fiscalía debe iniciar una investigación que determine las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Para empezar, sería necesario que las autoridades ofrezcan las explicaciones que aclaren las causas del desastre y las medidas que se tomaron para remediar la situación.

La tubería colapsó el 7 de abril, al parecer por eventos de la naturaleza en sectores aledaños a la cascada de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos. El cálculo apunta a 4.000 barriles de crudo derramados sobre los ríos Napo y Coca. El daño de la tubería hizo que la producción nacional de petróleo disminuyera en 205.240 barriles en un solo día.