cuyo propósito era fomentar la reparación de la infraestructura pública destruida por el terremoto de 1985, y que primero entendemos era transitoria que fue creada bajo en estado de excepción constitucional y nuestra constitución política en su articulo 44 en el ultimo inciso dice lo siguiente, las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los mismos (lleva vigente 34 años).

Dicha ley en su artículo 1° y 6° letra a) y b) dice se establece un impuesto anual, a beneficio fiscal, a los vehículos motorizados que transiten por las calles, caminos y vías públicas en general, bajo esto se solicitó a contraloría interprete y se pronuncie en el sentido que se estaría aplicando o interpretando mal dicha ley ya que en el caso de Puerto Williams no usa carretera, Porvenir en Tierra del Fuego no usa carretera y el resto de la región tampoco ya que para acceder al norte del país se debe usar carreteras Argentina.

Tampoco se pronuncia respecto al aumento progresivo del impuesto especifico ya que cuando nace la ley el impuesto era de 2 UTM para las gasolinas por metro cubico y 1,5 para el Diesel por metro cubico y a partir del año 1990 al 2002 bajo los gobiernos de la concertación se fue incrementando hasta llegar a los actuales 6 UTM.
En su abstención contraloría argumenta que se trata de un asunto de competencia del servicio de impuestos internos, lo que no nos parece fuese así, ya que SII lo aplica como llega la ley que es revisada por contraloría y lo modifica bajo una orden del gobierno

de turno, aquí en esta ley nunca se ha querido tocar o dar respuesta de porque no pagan este impuesto las grandes empresas, como las navieras, líneas aéreas, minería, las forestales, claramente porque no usan carreteras, bajo esto Williams, Porvenir y la región tampoco usan carreteras, termino señalando Avendaño presidente de los petroleros.