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La nacionalización de todas las empresas estratégicas del Estado, que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró haber concretado “en favor de los bolivianos”, no llegó a 21 compañías, cuyas acciones aún permanecen en manos privadas.
El Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Banco Unión, las nueve subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y una cantidad similar de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) tienen una mayoría accionaria en poder del Estado, pero una mínima participación de acciones de propiedad de personas naturales que impiden que sean fiscalizadas como cualquier institución pública.
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