Fuente: El Espectador

   

Un total de 176 millones de barriles iban a sumarse a los ya 1.782 millones de reservas de este hidrocarburo a partir de 2018. Es indiscutible que en los últimos años la extracción y exportación de este compuesto ha aumentado progresivamente, llegando a un pico de aproximadamente 865.000 barriles exportados al día. Sin embargo, este ritmo de explotación es insostenible en el mediano plazo. Colombia sencillamente no posee suficientes reservas como para mantener este ritmo de extracción por más de siete años.

 

Esta situación comienza a ser preocupante. El aumento sostenido de los precios internacionales del crudo hasta el año 2016 convirtió al petróleo en uno de los productos estrella de la nación, desplazando incluso a otros combustibles clásicos como el carbón. Su influencia sobre el presupuesto nacional ha sido tal, que el descenso sostenido en los precios internacionales durante el año 2016 originó el conocido “hueco fiscal” y empujó al gobierno Santos, de la mano del Ministerio de Hacienda del momento, a reformar el sistema tributario para intentar tapar este boquete.

 

Sin embargo, la reforma parece no haber sido estructural, como se prometió en su momento. Apenas tres años después el nuevo Gobierno, ahora encabezado por el señor Duque, acaba de hacer aprobar en el Congreso una nueva reforma tributaria (eufemísticamente llamada “ley de crecimiento”), la cual ha sido ampliamente criticada por la gran cantidad de exenciones otorgadas a algunas empresas. En efecto, para algunos especialistas esta reforma disminuirá, de hecho, los recaudos futuros del erario, sin garantizar en contraprestación un aumento sostenido de la producción.

 

¿Por qué debería preocuparnos? Si bien es cierto que no todos los economistas concuerdan con que un aumento sostenido de la producción tiende a disminuir la desigualdad, muchos de ellos reconocen la importancia del crecimiento como una herramienta para luchar contra la pobreza. Ahora bien, la base teórica sobre la cual se apoya la “ley de financiamiento” consiste en pensar que la disminución en los impuestos a las empresas las incentivas a producir más y, en consecuencia, a contratar más personal. Esta es una hipótesis interesante, pero es una solución muy genérica y como tal sus efectos locales pueden variar. Si a esta perspectiva incierta de crecimiento económico sumamos otro ingrediente como lo es la creciente pero pequeña cantidad de reservas de petróleo, podemos tener suficientes razones como para preocuparnos por la transición que nos espera en unos años.

 

Las reservas adicionales descubiertas sitúan al año 2024 como el último en el cual podremos contar con hidrocarburo nacional. El año 2020 está a punto de comenzar y no parece que el Gobierno se preocupe demasiado por esta situación, a excepción de su consistente interés en promover la extracción de reservas no convencionales (fracking). No discuto ni que el petróleo sea fundamental para la macroestabilidad del país, ni que el presupuesto nacional se nutra de estos ingresos, pero el tiempo se agota y no parece existir un plan de transición para una economía sin petróleo.