Una investigación de 17 medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, documenta las prácticas de vigilancia, persecución e internamiento forzoso de Pekín contra la minoría uigur.
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En una sola semana, la que transcurrió del 19 al 25 de junio de 2017, el Gobierno chino identificó como "sospechosas" de extremismo a 24.412 personas de su minoría musulmana. 706 acabaron en la cárcel. Otras 15.683 recalaron en lo que Pekín denomina eufemísticamente “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional”. En estos campos de internamiento, un agujero negro de la represión del régimen chino contra la etnia uigur, los reclusos entran sin juicio previo y permanecen al menos un año, hasta que culmina su “transformación ideológica”.

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