La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones tiene contra las cuerdas a los gobiernos en Latinoamérica por el descontento social que generan las reformas, que son inevitables ante la aceleración del envejecimiento y las tasas de informalidad que hacen insostenible el financiamiento de los sistemas actuales.

La preocupación central en el tema de las pensiones es que la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas.

Así que, mientras ahora hay cerca de 50 millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se calculan unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación entre los principales gastos del sector público. “El problema es que ningún sistema está pensando en ese envejecimiento acelerado. Se necesitan reformas y se están intentando ajustes, pero no se están haciendo lo suficientemente rápido”, advierte a EFE Mariano Bosch, especialista principal de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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