Desde 2015, se registran más de un centenar de denuncias por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La dotación irregular de tierras en la Chiquitania es el caso más polémico y que está en pleno proceso de investigación.

 Legisladores de oposición piden informes y una interpelación para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, cabeza de la cartera a la que pertenece el INRA. La unidad de Transparencia de la entidad solicita que sustenten las acusaciones.

 “Hay irregularidades en el INRA. Muchos asentamientos humanos han sido realizados en tierras de producción forestal permanente, que no tienen vocación agrícola. Además, la Ley 741 da autorización para que cada comunario queme y desmonte hasta 20 hectáreas sin ningún control técnico. Si en una comunidad son 50 habitantes, estaríamos hablando de 1.000 hectáreas”, alertó la diputada por UD Eliana Capobianco.

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