Fuente: El Nuevo Día

  

Con la decisión que adoptó el Consejo de Estado sobre mantener las medidas cautelares que tienen suspendido el fracking en el país, ayer se desató una tormenta de reacciones que plantearon temas como las implicaciones económicas y ambientales de ejecutar o no esta técnica de extracción en yacimientos no convencionales.

 

Entre los múltiples enfoques que se le han dado al tema, todos coinciden en mirar el futuro, lo que genera un panorama de incertidumbre al tratar de establecer cuáles son los factores que afectarían en mayor o menor medida la economía del país y, desde luego, al medio ambiente y los recursos naturales.

 

La primera en generar polémica fue la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien manifestó que de no implementarse el fracking, el país se verá obligado a importar gas y petróleo en un futuro no muy lejano, lo cual generaría una alta devaluación del peso colombiano frente al dólar.

 

“Las implicaciones de no tener hidrocarburos son dos: La primera, seguridad energética… el gas va a tener que ser importado, lo cual se hará desde Venezuela o del fracking de Estados Unidos. El efecto para todos los que consumimos gas es que se nos va a doblar el precio”, indicó.

 

La funcionaria manifestó que el segundo aspecto tiene que ver con el efecto macroeconómico. “Con el producto del petróleo y con el producto del gas a nosotros nos entra un montón de dólares, si no nos entran esos dólares, tendremos que utilizar los dólares de las flores, del café, de los aguacates, para comprar diésel, gasolina y gas. El efecto será que el dólar no estará a $3400 sino a $5000”, aseguró.

 

La ministra de Minas también insistió en que es necesario dejar de lado el debate centrado en escoger entre agua o petróleo, pues considera que esto genera confusión. “Lo que ha hecho la comisión de expertos es asegurar que el agua va a estar protegida y que se van a mitigar los efectos ambientales. El dilema de agua o petróleo es un falso dilema”, aseveró.

 

Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), consideró, en concordancia con la ministra, que al dejar el fracking de lado habría una pérdida económica sustentada en la seguridad energética.

 

“El primer riesgo es de seguridad energética, el cual tiene que ver con una pérdida de autosuficiencia del país. Esto tendría un costo de entre 30 y 40 billones de pesos al año. Por otra parte, al dejar de exportar hidrocarburos, se vería una pérdida de, por lo menos, 20 billones al año. Esto da, como mínimo, 50 billones de pesos al año. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero?”, señaló.

 

Entre tanto, el economista José Roberto Acosta, aseguró que el pronunciamiento de la ministra no está sustentado sobre una realidad demostrable y que, incluso, “raya con el pánico económico y el chantaje”, tal como lo expresó el experto. “Correlacionar la falta o abundancia de materias primas fósiles combustibles con el tipo de cambio, es una visión particularizada, parcializada y que no corresponde a una teoría económica válida y sustentable”.

 

Acosta también resaltó que esta polémica demuestra que ha habido una dependencia desmedida del petróleo en el país. “Esto es como una confesión de que la política económica de la que se ha participado en los últimos 20 años es un fracaso y seguimos dependiendo de una economía basada en la explotación de recursos primarios como el petróleo y el carbón”.

 

Por último, el experto destacó la legitimidad del debate ciudadano. “Así como el gobierno que la ministra representa nos ha puesto en la dicotomía de guerra y paz, los que se oponen al fracking están en todo su derecho de plantear la dicotomía entre petróleo y agua que permita el debate”.

 

Lo que viene

 

El Consejo de Estado tendrá ahora la tarea de establecer si finalmente la técnica del fracking se puede usar en Colombia y para ello son dos los procesos que hay en curso en el alto tribunal.

 

Si bien, este martes la corporación decidió darle el espaldarazo a los ambientalistas, dejando en firme la medida cautelar que había puesto desde noviembre pasado, en la que declaraban suspender los procesos de licenciamientos ambientales a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el alto tribunal dejó abierta la puerta para que un magistrado de la Sección Tercera revise la medida y la súplica que interpuso el Gobierno.

 

Con la nueva revisión, lo que se hará es que el jurista exponga sus argumentos con una nueva ponencia ante la Sala y esta sea estudiada.

 

Cabe mencionar que la medida cautelar tan solo es una arista de lo que estudia el Consejo de Estado, pues junto con esta acción legal, Esteban Lagos, interpuso una demanda de nulidad del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, debido a que no incluyeron medidas para realizar esta técnica en el país.

 

Así las cosas, se puede decir que, con la decisión actual sobre la medida cautelar, lo que están haciendo es prohibir provisionalmente el desarrollo de los planes pilotos para avanzar con la técnica. Y con la demanda de nulidad, de la cual se espera haya decisión en el primer semestre de 2020, se estaría tomando una decisión de fondo en cuanto a promover este mecanismo.

 

En este momento ambos procesos se están moviendo al interior de la corporación.

 

El informe de la comisión de expertos

 

La comisión de expertos para la exploración de yacimientos no convencionales publicó en abril un informe, anunciando las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la implementación del fracking en Colombia. ¿Cuáles fueron las conclusiones en aquel momento?

 

Aspectos económicos

 

De acuerdo con el informe, la explotación no convencional en el valle Medio del Magdalena aportaría cerca de 34.300 millones de dólares al PIB, cifra que equivale a aproximadamente el 10 % del PIB de 2017 y 35.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) al año durante 30 años.

 

Además, la Asociación Colombiana de Petróleo afirmó que un “proyecto tipo”, es decir, una estrategia para solucionar de forma rápida y eficaz una problemática específica, como es el caso de la obtención de hidrocarburos por medio del fracking, podría generar 5.000 empleos, concentrados en las zonas productoras.

 

“Particularmente, los recursos que el sector genera al fisco son importantes para sostener la inversión y los programas sociales, aún en momentos de condiciones menos satisfactorias del mercado petrolero”, concluyó el informe sobre el aspecto económico.

 

Países y fracking

 

 Países como Inglaterra y algunas zonas de Estados Unidos como Pensilvania y Colorado han implementado el fracking, siempre y cuando se sigan las debidas regulaciones. Algunas de ellas son: la obligación de revelar qué clase de productos se utilizan en el proceso, monitoreo de presión del pozo en el proceso, muestreo del estado de las aguas subterráneas y uso de equipos especiales para reducir las emisiones de metano.

 

“Los países y estados que han permitido la actividad tienen una industria establecida de producción de hidrocarburos que contribuye significativamente a la economía y al empleo, y una institucionalidad regulatoria y de control fuerte que puede garantizar la seguridad de las operaciones y su control efectivo”, afirma el informe.

 

Por otra parte, los países que han prohibido, suspendido, demorado o limitado el fracking han tomado la decisión, debido a que su economía no depende exclusivamente de la exploración y explotación de hidrocarburos por vías no convencionales. Además, tienen acceso a otras energías para abastecer sus necesidades.

 

Entre los países y estados que rechazaron esta opción o están en proceso de moratoria, es decir, un periodo de estudios en plazos de dos a cinco años para analizar la viabilidad del fracking están Francia, Alemania, Holanda y Nueva York (Estados Unidos).

 

Estos casos evidencian que los países y estad os que tienen poca producción y presencia de la industria de hidrocarburos tienden a considerar más los aspectos políticos del fracking que los técnicos y científicos; mientras que los que producen este tipo de materia prima han dado espacio a la ciencia y la tecnología para disminuir los riesgos y afectaciones en ámbitos de salud y medio ambiente.

 

Impacto ambiental

 

 El informe destaca que la condición de los ecosistemas es preocupante, debido a que el 63% de los ecosistemas en Colombia están siendo amenazados. En la zona del Valle del Magdalena Medio “hay poca información de línea base en ecosistemas terrestres y acuáticos y su biodiversidad están amenazados por el negocio de los hidrocarburos”.

 

Además, hay un desconocimiento del estado del 85% del agua subterránea, lo cual es bastante preocupante, teniendo en cuenta que los ecosistemas terrestres y acuáticos se están deteriorando cada vez más y este panorama pone en riesgo la supervivencia de los colombianos. Por este motivo, la propuesta de sostenibilidad para implementar el fracking ha sido insuficiente.

 

“Las empresas de hidrocarburos sólo informan sobre los beneficios, principalmente económicos, de la implementación de nuevas tecnologías de explotación, y desconocen las realidades locales, los impactos ambientales, sociales y culturales, entre los cuales mencionan problemas de pérdida de aguas, pasivos ambientales, cambios de vocación económica, drogadicción, prostitución y violencia, entre muchos otros. Esto se refleja en pérdida de confianza”, indica el informe.

 

Por esta razón, la Comisión de expertos propuso que las operadoras, universidades e institutos de investigación deben trabajar en conjunto para saber las variables geocientíficas y reducir los riesgos ambientales. “En este sentido, es estratégico el desarrollo de proyectos piloto científicos que garanticen de primera mano información para construir y alimentar modelos hidrogeológicos regionales y evaluar con más detalle, por ejemplo, el impacto de la sismicidad inducida, entre otras áreas del conocimiento”.