Redacción central / Cambio - 

  

“La Policía ha sido transformada en el último tiempo para que trabaje sobre una tesis que es la doctrina de la seguridad ciudadana (...). Hemos encarado profundas transformaciones en una institución que era absolutamente débil, como el Estado durante los gobiernos neoliberales”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en entrevista con el programa El pueblo es noticia, de Bolivia TV.

 

La autoridad destacó cómo en 13 años el Ejecutivo hizo importantes inversiones económicas para potenciar a la Policía, situación que posibilitó convertir a Bolivia en el tercer país más seguro de la región, luego de Chile y Ecuador, según detalla un informe de Latinobarómetro.

 

Se incrementó el presupuesto anual de Bs 749 millones a Bs 2.148 millones, y estos recursos posibilitaron mejorar la calidad de vida de los más de 37 mil uniformados, porque se incrementaron sus salarios, se construyeron más infraestructuras, se adquirieron motocicletas, vehículos, helicópteros, entre otros, para fortalecer y tecnificar el trabajo policial.

 

“Pero todos estos logros se vienen abajo por culpa de malos policías que traicionaron el uniforme, la confianza y el profesionalismo al vincularse con la mafia del narcotráfico. Esto pone en duda el trabajo de la institución”, manifestó.

 

Disposiciones inmediatas

 

Romero señaló que para encarar el desafío de revertir la actual situación policial, se aplicará un plan para la reestructuración de las inspectorías, a fin de conocer más casos de corrupción e indisciplina. “Planteamos la estructura de un dispositivo civil que trabajará con las inspectorías, para hacer fiscalizaciones e investigaciones sobre conductas y el accionar de los efectivos”, sostuvo.

 

La segunda medida dispone el establecimiento de una comisión interinstitucional —entre el Comando General, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia— para conocer la reincorporación, en los recientes cinco años, de policías procesados en la vía jurisdiccional que no fueron sentenciados y que tuvieron sindicaciones de delitos graves.

 

Se propondrá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplicar mecanismos de ética para la formación de los uniformados, y se recogerán las buenas experiencias de otros países.

 

“Estamos diseñando un mecanismo de contrainteligencia entre el Comando General y el Ministerio de Gobierno para la gestión de recursos humanos, a fin de evaluar el movimiento del personal. Esto evitará que las designaciones sean una tarea discrecional, de extorsión y corrupción, ya que se tendrá un sistema de registro automatizado que permitirá conocer los antecedentes, destinos, relaciones familiares del 100% de los policías, con acceso público”, detalló.

 

Se proyecta un nuevo plan de carrera con especialización y la movilidad territorial planificada para oficiales, suboficiales, direcciones departamentales y comandos. Todos deberán responder a un proceso competitivo.

 

Habrá una nueva reglamentación de calificación de méritos y evaluación de desempeños.

 

Se contempla un registro integral de postulantes a la Policía para ver sus nexos familiares y evitar conflictos de intereses.

 

La tecnificación para la supervisión y control será mediante una plataforma multimedia y se aplicará el registro de denuncias contra servidores públicos policiales.

 

Está prevista la creación de una base de datos en la Policía con el registro de todas las personas con orden de captura o aprehensión a nivel nacional e internacional, que también será de acceso público.

 

“Vamos a implementar un sistema de tecnología preventiva que incorpora cámaras corporales en los policías, para que la interacción con la ciudadanía quede registrada, filmada y geolocalizada”, indicó la autoridad.