Fuente: Ecos

  

Varias entidades públicas y privadas iniciaron en los ultimas días acciones judiciales para cobrar la millonaria deuda que mantiene Urutransfor, la emblemática cooperativa recuperada por sus trabajadores. Un proceso cuya consecuencia directa sería el embargo sobre el proyecto.

 

Urutransfor, conformada en 2008 sobre los restos de MAK SA, había firmado un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela para reactivar las fábricas de transformadores de baja tensión en ese país.

 

Para eso, tomó préstamos públicos y privados. Lo hizo, como otras, basada en el memorándum de entendimiento firmado en 2015 en Brasilia entre los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro, que abría una vía de acceso preferencial a las exportaciones uruguayas a Venezuela y que, entre otros aspectos, implicaba garantías de cobro sobre las ventas.

 

La falta de cumplimiento del acuerdo por parte de los venezolanos plantea su presente.

 

La deuda de Urutransfor gira en torno a los 6 millones de dólares. Sus principales acreedores son el Banco República, el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fondes) y el Banco Nacional de Desarrollo (Bandes).

 

La situación fue analizada este miércoles por la Comisión de Industria de Diputados, con la presencia del ministro Guillermo Moncecchi.

 

El problema, según dijo a ECOS el diputado Rodrigo Goñi (Espacio 40-PN), es que Venezuela le debe a la empresa cerca de tres millones de dólares, a lo que debe sumarse el perjuicio de un contrato incumplido que ascendía a 30 millones, para lo cual la firma se endeudó.

 

Los trabajadores plantearon al Parlamento que, si no encuentra soluciones de flexibilidad financiera, el cierre será seguro. Urutransfor fabrica los transformadores que utiliza UTE a precios competitivos, pero la falta de liquidez le impide producir.

 

Según Goñi la deuda del Estado venezolano con empresas uruguayas supera hoy los 50 millones de dólares. Además de Urutransfor, dijo, otras están en riesgo inminente de cierre.

 

En ese marco advirtió que el Estado uruguayo seguramente será pasible de “juicios multimillonarios” por parte de estas empresas, como responsable de la situación. Entre ellas firmas de los sectores lácteo y farmacéutico, exportadores de genética y de potabilizadores de agua.

 

Según el legislador, Monchecchi sostuvo en la comisión que el Ministerio de Industria había diseñado un proyecto para ayudar a estas firmas con un mecanismo similar al que se aplicó con el sector lácteo, a manera de “puente” mientras Venezuela saldaba su deuda.

 

El Poder Ejecutivo rechazó volver a recorrer ese camino.

 

Goñi señaló que el gobierno debería hacerse responsable de los resultados de los negocios fallidos con Venezuela. También pidió explicaciones sobre por qué “algunas empresas se beneficiaron y otras no” del fideicomiso, administrado por el Bandes, por el que Venezuela ha venido saldando parte de esas deudas.

 

Según su último balance, dicho fondo llegó a manejar unos 200 millones de dólares, con empresas que han cobrado en su totalidad, otras que lo hicieron en parte y otras que nunca lograron hacerlo.

 

El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay -FA) dijo por su parte que quedó claro en la comisión que la deuda es del Estado venezolano con empresas privadas que, si bien pueden tomar medidas según sus posibilidades, el gobierno uruguayo no es parte.

 

En ese marco la delegación del ministerio aclaró que el Estado uruguayo no es el que decide a qué empresa se le paga a través del fideicomiso, una definición que depende de Caracas.