FUENTE: EL DEBER
El gobierno de Bolivia quiere apostarle a una hidroeléctrica en el oriente del país que le ayude a depender menos de combustibles fósiles y, de paso, garantizar energía y agua. Sin embargo, ahora que el presidente Evo Morales propuso el 31 de diciembre un referéndum para revivir el proyecto hidroeléctrico de Rositas, el conflicto social con las comunidades en el departamento de Santa Cruz y que tendrían que migrar no sólo no ha cesado, sino que amenaza con escalar aún más. El proyecto de Rositas Generar energía es una prioridad para Santa Cruz, que con 3,2 millones de habitantes (según proyecciones del INE a 2018) es el departamento más poblado de Bolivia y enfrenta un crecimiento en la demanda de energía.
El proyecto de Rositas, impulsado por el Gobierno nacional y ejecutado por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), implicaría fuertes impactos socio ambientales, incluyendo el reasentamiento de al menos 12 comunidades que viven de la ganadería lechera y la agricultura. Desde hace tres años, estas 500 familias han manifestado su oposición a la eventualidad de dejar las casas que han ocupado por 40 años y tener que volver a empezar en otro lugar. Mientras tanto, para el gobierno de Morales se trata de un proyecto de prioridad nacional que se comenzó a proyectar en los años 70 pero que no había sido concretado.
En 2016, el Gobierno le adjudicó su construcción al consorcio Asociación Accidental Rositas (AAR), que integran la empresa estatal china Three Gorges Corporation célebre por haber construido la gigantesca represa de las Tres Gargantas (la más grande del mundo), su subsidiaria China International Water & Electric y la boliviana Empresa Constructora Reedco SRL. La inversión ascendería a 1.300 millones de dólares, un 85% de los cuales está garantizado a través de un crédito obtenido del banco estatal chino Eximbank.
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El gobierno de Bolivia quiere apostarle a una hidroeléctrica en el oriente del país que le ayude a depender menos de combustibles fósiles y, de paso, garantizar energía y agua. Sin embargo, ahora que el presidente Evo Morales propuso el 31 de diciembre un referéndum para revivir el proyecto hidroeléctrico de Rositas, el conflicto social con las comunidades en el departamento de Santa Cruz y que tendrían que migrar no sólo no ha cesado, sino que amenaza con escalar aún más. El proyecto de Rositas Generar energía es una prioridad para Santa Cruz, que con 3,2 millones de habitantes (según proyecciones del INE a 2018) es el departamento más poblado de Bolivia y enfrenta un crecimiento en la demanda de energía.
El proyecto de Rositas, impulsado por el Gobierno nacional y ejecutado por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), implicaría fuertes impactos socio ambientales, incluyendo el reasentamiento de al menos 12 comunidades que viven de la ganadería lechera y la agricultura. Desde hace tres años, estas 500 familias han manifestado su oposición a la eventualidad de dejar las casas que han ocupado por 40 años y tener que volver a empezar en otro lugar. Mientras tanto, para el gobierno de Morales se trata de un proyecto de prioridad nacional que se comenzó a proyectar en los años 70 pero que no había sido concretado.
En 2016, el Gobierno le adjudicó su construcción al consorcio Asociación Accidental Rositas (AAR), que integran la empresa estatal china Three Gorges Corporation célebre por haber construido la gigantesca represa de las Tres Gargantas (la más grande del mundo), su subsidiaria China International Water & Electric y la boliviana Empresa Constructora Reedco SRL. La inversión ascendería a 1.300 millones de dólares, un 85% de los cuales está garantizado a través de un crédito obtenido del banco estatal chino Eximbank.
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