Fuente: La Hora
“La situación de las empresas públicas es insostenible. Queremos optimizar la masa salarial, que no implica botar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes. Hay que precautelar que las empresas públicas funcionen para el fin que fueron creadas”, dijo José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia.
El funcionario explicó que uno de los objetivos principales del Gobierno es aplicar todo un paquete de medidas de eficiencia en las empresas públicas, que incluye la salida del 10% de los empleados.
Esto, según Sergio Enderica, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), significará la desvinculación de entre 3.000 y 3.500 personas, lo que representaría un ahorro de alrededor de 60 millones de dólares anuales.
Reunión
Estos anuncios fueron hechos en la Plataforma Financiera, en el norte de Quito, luego de una reunión que mantuvieron representantes del Ejecutivo, gerentes de empresas públicas y representantes de los trabajadores.
Por su parte, María Paula Romo, ministra del Interior y secretaria de Gestión de la Política, recalcó que las acciones de optimización se irán discutiendo con todas las partes involucradas y allanarán el camino para posibles concesiones futuras de algunas de las empresas.
Así también afirmó que Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, es el delegado del Gobierno para coordinar y dar seguimiento a todo el plan de optimización de las 21 dependencias públicas, entre las que se encuentran CNT, TAME y empresas eléctricas.
Oslwaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), argumentó que para llevar a cabo todas las medidas de eficiencia que propone el Gobierno, primero hay que transparentar ciertos temas. “Hemos manifestado a las autoridades que se debe aclarar la tercerización en algunas empresas públicas; también depurar algunos puestos altos que no cumplen un rol específico”, contó.
Finalmente, los sindicatos aspiran que se viabilice la jubilación de las personas que han manifestado su voluntad de hacerlo, y que se han visto impedidas por algunas trabas legales.