FUENTE: PÁGINA SIETE
Argentina evalúa interponer un arbitraje contra el Estado boliviano por la ejecución de una boleta de garantía e incumplimiento de contrato de compra-venta de gas, según el portal argentino Econo Journal, el cual consultó a fuentes oficiales. Al respecto, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, informó a Página Siete que esa información aún “no está confirmada”. La nota del portal señala que en el Gobierno argentino causó malestar la decisión de YPFB de ejecutar una garantía por 140 millones de dólares que fueron cancelados por el Banco Nación.
Asimismo, refiere que fuentes cercanas a la Secretaría de Energía explicaron que la posibilidad de recurrir a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CIC), para solucionar el diferendo, se presenta como una alternativa concreta ante la imposibilidad de encaminar la negociación por un terreno más amigable. “Bolivia incumplió el contrato (firmado en 2006) mucho antes que nosotros. Desde hace tiempo que no cubre los cupos de producción previstos en el contrato, en especial durante el invierno, tampoco está entregando el gas con el poder calorífico acordado originalmente porque extraen los líquidos en su territorio. Somos optimistas en poder ganar un arbitraje internacional”, explicaron allegados a esa cartera.
Sin embargo, desde Integración Energética Argentina (Ieasa), ex-Enarsa, la empresa que firmó el contrato en 2006, negaron que se esté evaluando seriamente esa alternativa e indicaron que están discutiendo con Bolivia una renegociación del contrato de importación en los términos y condiciones previstos en el acuerdo. Un especialista en jurídica, que trabaja en un despacho oficial, indicó que un argumento a tomar en cuenta es que no se podía prever que el desarrollo de formaciones no convencionales como Vaca Muerta modificaría la proyección de la oferta de gas en el país, señala Econo Journal.
En octubre el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, había advertido con ejecutar la boleta de garantía de Argentina por la falta de pago por la venta de gas natural. En esa fecha detalló que el Estado argentino adeuda dos facturas por un monto de entre 300 y 400 millones de dólares por el consumo de gas boliviano y otros 140 millones de dólares por la boleta de contrato. Sobre el tema, el pasado 9 de noviembre, el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, informó que la república Argentina pagó las facturas que adeudaba por concepto de la compra de gas boliviano, por un monto de 156 millones de dólares. Al respecto, la autoridad monetaria no precisó si la cancelación correspondía al pago pendiente o a la boleta de garantía. Los envíos de gas a Argentina en octubre bajaron a un promedio de 10 y 12 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en noviembre incluso a siete MMmcd.
Para el experto Francesco Zaratti, el Gobierno debe tener presente que los contratos y compromisos no son para siempre y hay momentos en que es necesario sentarse a escuchar las razones del otro para renegociar algunos aspectos de esos contratos, sin perder de vista el bien mayor, que es conservar y extender la venta de gas a Argentina. En su criterio, parecería que la actual administración no sólo quiere agotar las reservas y la producción de hidrocarburos, sino también las buenas relaciones internacionales.
El investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, mencionó que YPFB incumplió la entrega de volúmenes durante julio y agosto de 2016 y se tuvo que pagar una multa de 22 millones de dólares. Este año tampoco se han entregado al país los volúmenes acordados y el Ministro del área sólo reaccionó con exabruptos.
Punto de vista
Álvaro Ríos Analista “Un laudo sólo provocará más fricciones” Sería lamentable e irresponsable que Bolivia y Argentina fueran a un arbitraje internacional que provocará aún mayores fricciones, costará una fortuna de tiempo y recursos económicos, por lo que creemos que no solucionará nada para ninguno de los dos países. Argentina debe reconocer que no ha cancelado sus facturas por exportaciones de gas (ocurrió en el gobierno de la presidente Cristina Kirchner y ahora con el presidente Mauricio Macri).
Bolivia por su parte tiene que reconocer que desde 2016 no cumple con los envíos de gas pactados en el contrato, principalmente en invierno. Negar estas dos realidades es no asentar los pies en la tierra para seguir un proceso de integración energética que puede y debe continuar sin necesidad de ir a costosos árbitros internacionales.
Es importante sentarse sobre la mesa para debatir aspectos técnicos y de mercado, tratar de no politizar el tema y ver la realidad de las nuevas condiciones del mercado de oferta y demanda de gas natural en ambos países. Una negociación donde los dos países ganen y pierdan proporcionalmente es por lo que debemos apostar. Argentina necesita a Bolivia para que el gas producido internamente tenga competencia y el país requiere de los ingresos. El gas boliviano es competitivo en sus costos de producción y tiene mercado en el país vecino.
Argentina evalúa interponer un arbitraje contra el Estado boliviano por la ejecución de una boleta de garantía e incumplimiento de contrato de compra-venta de gas, según el portal argentino Econo Journal, el cual consultó a fuentes oficiales. Al respecto, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, informó a Página Siete que esa información aún “no está confirmada”. La nota del portal señala que en el Gobierno argentino causó malestar la decisión de YPFB de ejecutar una garantía por 140 millones de dólares que fueron cancelados por el Banco Nación.
Asimismo, refiere que fuentes cercanas a la Secretaría de Energía explicaron que la posibilidad de recurrir a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CIC), para solucionar el diferendo, se presenta como una alternativa concreta ante la imposibilidad de encaminar la negociación por un terreno más amigable. “Bolivia incumplió el contrato (firmado en 2006) mucho antes que nosotros. Desde hace tiempo que no cubre los cupos de producción previstos en el contrato, en especial durante el invierno, tampoco está entregando el gas con el poder calorífico acordado originalmente porque extraen los líquidos en su territorio. Somos optimistas en poder ganar un arbitraje internacional”, explicaron allegados a esa cartera.
Sin embargo, desde Integración Energética Argentina (Ieasa), ex-Enarsa, la empresa que firmó el contrato en 2006, negaron que se esté evaluando seriamente esa alternativa e indicaron que están discutiendo con Bolivia una renegociación del contrato de importación en los términos y condiciones previstos en el acuerdo. Un especialista en jurídica, que trabaja en un despacho oficial, indicó que un argumento a tomar en cuenta es que no se podía prever que el desarrollo de formaciones no convencionales como Vaca Muerta modificaría la proyección de la oferta de gas en el país, señala Econo Journal.
En octubre el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, había advertido con ejecutar la boleta de garantía de Argentina por la falta de pago por la venta de gas natural. En esa fecha detalló que el Estado argentino adeuda dos facturas por un monto de entre 300 y 400 millones de dólares por el consumo de gas boliviano y otros 140 millones de dólares por la boleta de contrato. Sobre el tema, el pasado 9 de noviembre, el presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos, informó que la república Argentina pagó las facturas que adeudaba por concepto de la compra de gas boliviano, por un monto de 156 millones de dólares. Al respecto, la autoridad monetaria no precisó si la cancelación correspondía al pago pendiente o a la boleta de garantía. Los envíos de gas a Argentina en octubre bajaron a un promedio de 10 y 12 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y en noviembre incluso a siete MMmcd.
Para el experto Francesco Zaratti, el Gobierno debe tener presente que los contratos y compromisos no son para siempre y hay momentos en que es necesario sentarse a escuchar las razones del otro para renegociar algunos aspectos de esos contratos, sin perder de vista el bien mayor, que es conservar y extender la venta de gas a Argentina. En su criterio, parecería que la actual administración no sólo quiere agotar las reservas y la producción de hidrocarburos, sino también las buenas relaciones internacionales.
El investigador de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, mencionó que YPFB incumplió la entrega de volúmenes durante julio y agosto de 2016 y se tuvo que pagar una multa de 22 millones de dólares. Este año tampoco se han entregado al país los volúmenes acordados y el Ministro del área sólo reaccionó con exabruptos.
Punto de vista
Álvaro Ríos Analista “Un laudo sólo provocará más fricciones” Sería lamentable e irresponsable que Bolivia y Argentina fueran a un arbitraje internacional que provocará aún mayores fricciones, costará una fortuna de tiempo y recursos económicos, por lo que creemos que no solucionará nada para ninguno de los dos países. Argentina debe reconocer que no ha cancelado sus facturas por exportaciones de gas (ocurrió en el gobierno de la presidente Cristina Kirchner y ahora con el presidente Mauricio Macri).
Bolivia por su parte tiene que reconocer que desde 2016 no cumple con los envíos de gas pactados en el contrato, principalmente en invierno. Negar estas dos realidades es no asentar los pies en la tierra para seguir un proceso de integración energética que puede y debe continuar sin necesidad de ir a costosos árbitros internacionales.
Es importante sentarse sobre la mesa para debatir aspectos técnicos y de mercado, tratar de no politizar el tema y ver la realidad de las nuevas condiciones del mercado de oferta y demanda de gas natural en ambos países. Una negociación donde los dos países ganen y pierdan proporcionalmente es por lo que debemos apostar. Argentina necesita a Bolivia para que el gas producido internamente tenga competencia y el país requiere de los ingresos. El gas boliviano es competitivo en sus costos de producción y tiene mercado en el país vecino.