TNS LATAM
  

La determinación tomada por Javier Iguacel, como ministro de Energía, según la nota, deja en suspenso el destino de este tendido (3.018 kilómetros) en el que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2.300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.

 

“Se trata de una obra pública que el otrora Ministerio de Planificación decidió ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes (...) varios de ellos ahora complicados con la investigación sobre el dinero negro que empresas privadas pagaron a funcionarios en el marco de la obra pública. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana”, señala la publicación.