Fuente: El Economista 

Para dar una idea de las dimensiones del problema basta con recordar que, hace un par de semanas, el director de la otra empresa productiva del estado, Carlos Treviño de Pemex, reconoció que su compañía pierde alrededor de 30,000 millones de pesos al año por el robo de combustible; por lo que podemos afirmar que, aunque el robo de energía eléctrica no es responsabilidad del crimen organizado, el mencionado problema es incluso más grande que el que genera el delito del Huachicol. Según los datos que el equipo de comunicación de CFE hizo llegar a este espacio, el ya citado monto de las pérdidas “se asume actualmente como menores ingresos de la Empresa Subsidiaria de Distribución”, situación que impulsa a la compañía a generar inversiones en infraestructura que le han permitido reducir estas pérdidas hasta en un punto porcentual cada año.

No obstante, la Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo García Alcocer, a través de su acuerdo 74-2015, específicamente en el inciso cuadragésimo octavo, establece que a las tarifas de suministro básico “deben agregarse las pérdidas reconocidas por sobre las ventas a cada usuario”, lo que significa que son los clientes finales quienes, prácticamente por decreto, deben pagar en su recibo todas esas pérdidas que no pueden controlar las autoridades en la materia.

Aún más, si la reglamentación del mercado suena ya en el papel injusta para los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, en la práctica alcanza el estatus de irreal; pues el Cenace, de Eduardo Meraz, organismo encargado de cobrar el porcentaje de las pérdidas para luego retribuírselo a CFE Distribución, está cobrando este porcentaje de pérdidas a los suministradores del mercado de usuarios calificados; es decir, al sector industrial, lo que afecta directamente a la competitividad y al crecimiento económico ofrecidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.