FUENTE: PÁGINA SIETE
La Procuraduría General del Estado demoró 14 meses en iniciar el proceso administrativo disciplinario en contra de la exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado Carmiña Llorenti por entregar información confidencial de la defensa boliviana a la parte demandante del caso Quiborax.
De acuerdo con el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE 003/2017, del 6 de enero; Informe 034/2016 PGE/DGAJ, El Alto, 25 de enero, y Minuta de Instrucción PGE/DESP N° 025/2017, del 30 de enero, todos correspondientes a 2017 y emitidos por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría, por esos días las autoridades ejecutivas de esa institución ya estaban al tanto de que Llorenti había filtrado información clasificada sobre la defensa que preparaba Bolivia en el arbitraje con la empresa chilena. Asimismo, en la Minuta de Instrucción PGE/DESP/001/2017, elaborada por el entonces procurador, Héctor Arce, el 3 de enero de 2017, se manifiesta la “dejación del cargo” en que incurrió Llorenti.
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, un año y dos meses después de que la irregularidad fuera detectada. El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
El documento detalla que el error de Llorenti fue dejar abierto su correo personal e institucional, hecho que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, quien reenvió desde esa dirección tres documentos a su equipo jurídico.
os documentos filtrados eran el “retiro de acusación particular” que se le seguía a David Moscoso, exsocio de Quiborax; “retiro de acusación ante el Ministerio Público” y el “proyecto de sentencia judicial” del proceso. Llorenti declaró a la autoridad sumariante que en la reunión con los abogados de Quiborax avanzaron sobre el retiro de acusaciones y otros, que fueron almacenados en un flash memory, pero “el Internet no funcionaba” y prestó su computadora a Gil, quien aprovechó ese descuido para extraer documentos “sin autorización”. En la parte de antecedentes del caso que sigue Guevara, confirma que “se habrían filtrado correos electrónicos de la exsubprocuradora, información de carácter reservada que de ninguna manera debían estar en poder de los demandantes en el caso CIADI ARB/06/2, los mismos que habrían salido del correo de una alta autoridad (Llorenti)”.
Las direcciones de correo a las que fue enviada la información confidencial de la defensa nacional pertenecen a Daniel Ocquetenu y Constanza Onetto (ambos representantes de Quiborax), y al buzón del mismo Gil. Ante ese panorama, Guevara dispuso el inicio de proceso administrativo interno por existir posibles indicios de responsabilidad en contra de Llorenti, por “no manifestar e informar oportunamente ante su superior” del incidente con su computadora, además de haber prestado a terceros bienes del Estado. Este medio envió un cuestionario sobre el caso a la Procuraduría, donde informaron que la solicitud “sigue en curso”. A fines de mayo, el CIADI comunicó a Bolivia que debe indemnizar a la chilena Quiborax con 57 millones de dólares, por haber revertido sus concesiones en el Salar de Uyuni. Sin embargo, luego se acordó un pago final de 42,6 millones de dólares. La Procuraduría acusa a Carlos Mesa de no cumplir las normas al momento de revertir las concesiones de la empresa, hecho que originó el arbitraje internacional. Por este caso, el exmandatario fue citado a declarar hoy en la Fiscalía General del Estado, en Sucre.
Punto de vista
KAREN LONGARIC Experta en arbitraje
“No hay claridad en la defensa” La información que da la Procuraduría del Estado no es suficientemente clara porque no da mayores elementos sobre la defensa que Bolivia asumió contra la demanda arbitral por Quiborax. Tampoco hay claridad respecto a las acciones hechas por la abogada (Carmiña) Llorenti y Pablo Menacho, que fungían como abogados del equipo jurídico ante el CIADI. No hay información coherente sobre las presuntas negociaciones realizadas con Quiborax. En tanto el Gobierno no transparente esto, toda acusación contra terceros parece kafkiana (absurda).
Considero que este es un momento importante para transparentar la forma en que el Gobierno administra los arbitrajes y el dinero que ha invertido en los procesos que fueron instaurados contra el estado boliviano. Creo que este asunto se ha manejado con excesiva reserva y discrecionalidad, especialmente respecto a los recursos económicos destinados al pago de honorarios de abogados, asesores, árbitros, pagos a los centros de arbitrajes, entre otros.
Mesa reitera que volvería a expulsar a la firma chilena Página Siete y ANF / La Paz El expresidente Carlos D. Mesa reiteró ayer que si estuviera en sus manos la decisión de expulsar otra vez a la empresa chilena Quiborax, lo haría “porque es lo correcto”.
“Recordando ese día mágico en el que me encontré con el alma del Salar, afirmo hoy que si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax, haría exactamente lo mismo, porque era lo que había que hacer, lo único posible y lo único correcto”, aseguró Mesa, mediante una publicación en su blog. La exautoridad redactó estas palabras sólo unas horas antes de declarar ante la Fiscalía General, en Sucre, por el caso Quiborax, fijado para hoy a las 8:30. Sobre Mesa pesa una acusación por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El Gobierno asegura que la exautoridad no cumplió las leyes al haber expulsado al consorcio chileno en 2004, lo que ocasionó un arbitraje contra Bolivia. No obstante, Mesa recordó que Quiborax tuvo concesiones mineras en el Salar de Uyuni, algo que se dio “bajo el argumento de atraer inversiones internacionales”, pero que más tarde surgieron irregularidades que fueron la principal causa de su expulsión.
Entre ellos la defraudación impositiva, daño ambiental y otros. Argumentó que los reclamos internacionales presentados por Quiborax llevaron al Estado a un arbitraje internacional que se llevó a cabo entre 2008 y 2018, íntegramente durante el gobierno del presidente Evo Morales. “De manera increíble, demuestra que (hubo) una pésima defensa y perdieron el laudo ante el CIADI”, reprochó Mesa.
La Procuraduría General del Estado demoró 14 meses en iniciar el proceso administrativo disciplinario en contra de la exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado Carmiña Llorenti por entregar información confidencial de la defensa boliviana a la parte demandante del caso Quiborax.
De acuerdo con el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE 003/2017, del 6 de enero; Informe 034/2016 PGE/DGAJ, El Alto, 25 de enero, y Minuta de Instrucción PGE/DESP N° 025/2017, del 30 de enero, todos correspondientes a 2017 y emitidos por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría, por esos días las autoridades ejecutivas de esa institución ya estaban al tanto de que Llorenti había filtrado información clasificada sobre la defensa que preparaba Bolivia en el arbitraje con la empresa chilena. Asimismo, en la Minuta de Instrucción PGE/DESP/001/2017, elaborada por el entonces procurador, Héctor Arce, el 3 de enero de 2017, se manifiesta la “dejación del cargo” en que incurrió Llorenti.
A pesar de todos esos antecedentes, la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, ordenó el inicio del proceso administrativo disciplinario contra Llorenti recién en marzo de este año, un año y dos meses después de que la irregularidad fuera detectada. El informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa, detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación organizada en La Paz, en agosto de 2016, con los abogados de la compañía Química e Industria del Bórax (Quiborax) y Non Metallic Minerals (NMM), prestó su computadora a uno de los abogados de las empresas demandantes.
El documento detalla que el error de Llorenti fue dejar abierto su correo personal e institucional, hecho que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, quien reenvió desde esa dirección tres documentos a su equipo jurídico.
os documentos filtrados eran el “retiro de acusación particular” que se le seguía a David Moscoso, exsocio de Quiborax; “retiro de acusación ante el Ministerio Público” y el “proyecto de sentencia judicial” del proceso. Llorenti declaró a la autoridad sumariante que en la reunión con los abogados de Quiborax avanzaron sobre el retiro de acusaciones y otros, que fueron almacenados en un flash memory, pero “el Internet no funcionaba” y prestó su computadora a Gil, quien aprovechó ese descuido para extraer documentos “sin autorización”. En la parte de antecedentes del caso que sigue Guevara, confirma que “se habrían filtrado correos electrónicos de la exsubprocuradora, información de carácter reservada que de ninguna manera debían estar en poder de los demandantes en el caso CIADI ARB/06/2, los mismos que habrían salido del correo de una alta autoridad (Llorenti)”.
Las direcciones de correo a las que fue enviada la información confidencial de la defensa nacional pertenecen a Daniel Ocquetenu y Constanza Onetto (ambos representantes de Quiborax), y al buzón del mismo Gil. Ante ese panorama, Guevara dispuso el inicio de proceso administrativo interno por existir posibles indicios de responsabilidad en contra de Llorenti, por “no manifestar e informar oportunamente ante su superior” del incidente con su computadora, además de haber prestado a terceros bienes del Estado. Este medio envió un cuestionario sobre el caso a la Procuraduría, donde informaron que la solicitud “sigue en curso”. A fines de mayo, el CIADI comunicó a Bolivia que debe indemnizar a la chilena Quiborax con 57 millones de dólares, por haber revertido sus concesiones en el Salar de Uyuni. Sin embargo, luego se acordó un pago final de 42,6 millones de dólares. La Procuraduría acusa a Carlos Mesa de no cumplir las normas al momento de revertir las concesiones de la empresa, hecho que originó el arbitraje internacional. Por este caso, el exmandatario fue citado a declarar hoy en la Fiscalía General del Estado, en Sucre.
Punto de vista
KAREN LONGARIC Experta en arbitraje
“No hay claridad en la defensa” La información que da la Procuraduría del Estado no es suficientemente clara porque no da mayores elementos sobre la defensa que Bolivia asumió contra la demanda arbitral por Quiborax. Tampoco hay claridad respecto a las acciones hechas por la abogada (Carmiña) Llorenti y Pablo Menacho, que fungían como abogados del equipo jurídico ante el CIADI. No hay información coherente sobre las presuntas negociaciones realizadas con Quiborax. En tanto el Gobierno no transparente esto, toda acusación contra terceros parece kafkiana (absurda).
Considero que este es un momento importante para transparentar la forma en que el Gobierno administra los arbitrajes y el dinero que ha invertido en los procesos que fueron instaurados contra el estado boliviano. Creo que este asunto se ha manejado con excesiva reserva y discrecionalidad, especialmente respecto a los recursos económicos destinados al pago de honorarios de abogados, asesores, árbitros, pagos a los centros de arbitrajes, entre otros.
Mesa reitera que volvería a expulsar a la firma chilena Página Siete y ANF / La Paz El expresidente Carlos D. Mesa reiteró ayer que si estuviera en sus manos la decisión de expulsar otra vez a la empresa chilena Quiborax, lo haría “porque es lo correcto”.
“Recordando ese día mágico en el que me encontré con el alma del Salar, afirmo hoy que si volviera a estar en el trance de tomar una decisión sobre Quiborax, haría exactamente lo mismo, porque era lo que había que hacer, lo único posible y lo único correcto”, aseguró Mesa, mediante una publicación en su blog. La exautoridad redactó estas palabras sólo unas horas antes de declarar ante la Fiscalía General, en Sucre, por el caso Quiborax, fijado para hoy a las 8:30. Sobre Mesa pesa una acusación por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El Gobierno asegura que la exautoridad no cumplió las leyes al haber expulsado al consorcio chileno en 2004, lo que ocasionó un arbitraje contra Bolivia. No obstante, Mesa recordó que Quiborax tuvo concesiones mineras en el Salar de Uyuni, algo que se dio “bajo el argumento de atraer inversiones internacionales”, pero que más tarde surgieron irregularidades que fueron la principal causa de su expulsión.
Entre ellos la defraudación impositiva, daño ambiental y otros. Argumentó que los reclamos internacionales presentados por Quiborax llevaron al Estado a un arbitraje internacional que se llevó a cabo entre 2008 y 2018, íntegramente durante el gobierno del presidente Evo Morales. “De manera increíble, demuestra que (hubo) una pésima defensa y perdieron el laudo ante el CIADI”, reprochó Mesa.