Fuente: El Comercio
El proyecto de ley económico urgente que analiza la Asamblea, desde la semana pasada, propone crear un fondo de ahorro que se nutrirá de los ingresos petroleros y mineros que excedan a los presupuestados. Se trata de un fondo de estabilización fiscal, con el cual el Ejecutivo propone “garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y principalmente de los programas sociales”. Si la propuesta se pusiera en marcha hoy, se podría destinar a este fondo alrededor de USD 1 000 millones al año. Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, ese es el monto por excedentes petroleros que ha recibido el Fisco el último año, pues aunque el precio del barril de petróleo se presupuestó en USD 41,92, la cotización ha estado por encima de ese rango.
En abril, por ejemplo, llegó a USD 61. Pero el ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que esta propuesta no se aplicará de inmediato, pues el programa busca primero reducir el déficit fiscal, que para el 2018 cerrará en 7,7%, es decir cerca de USD 8000 millones. Según Martínez, el Estado podría comenzar a ahorrar los excedentes por explotación petrolera o minera una vez que transcurran los tres años que le tomará al Gobierno ajustar el gasto público, hasta que el déficit fiscal primario sea cero. Esta propuesta, además, permitirá que Ecuador se sume a la lista de 44 países del mundo que tienen un fondo de ahorro para estabilización fiscal, según un reporte de la Sovereing Wealth Fund Institute.
Según este informe, China es el país con el mayor monto de fondos soberanos. En América Latina, Chile -que tiene USD 24 100 millones- es el líder. Miguel Ricaurte, economista jefe del Banco Itaú para la región andina, explica que en este país este colchón de ahorros funciona con los excedentes de los precios del cobre a largo plazo, no anuales, y en función de eso se calcula el excedente. Durante la crisis financiera internacional se utilizó el capital del fondo, explica. Aunque la mayor parte -unos USD 16 000 millones- se usa en estabilización fiscal, el dinero también se destina a pensiones y educación superior. Ricaurte añade que Colombia tiene un fondo similar, es decir, toma en cuenta precios de ‘commodities’ a largo plazo. En otros países, como México, explica José Xavier Orellana, exfuncionario de JP Morgan, se asegura estabilidad fiscal con otras medidas.
Este país paga desde el 2015 una especie de seguro, con el cual un banco de inversión le cancela la diferencia con el precio de petróleo pactado, si su cotización baja en el mercado internacional, añade. Si el precio del petróleo está por encima del asegurado, ese rubro va a una cuenta de ahorro. Si el plan del Gobierno se aprueba, Ecuador volverá a tener fondos de ahorro petroleros luego de 10 años. Hasta el 2008 el país tenía cuatro fondos, entre ellos el Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que se conformaba con el 55% de los excedentes petroleros. En abril de ese año, la Asamblea aprobó una ley que dispuso que el dinero pase a la Cuenta Única del Tesoro. Fausto Ortiz, entonces ministro de Finanzas, dice que el dinero de esos fondos no estaba cumpliendo con uno de sus objetivos, recomprar deuda externa.
Se emitía deuda interna y el fondo compraba esa deuda, así se financiaba gasto no programado del presupuesto”, señala. Según Ortiz, el problema es que el Gobierno no creó una regla para mantener siempre un monto mínimo de reservas en esa cuenta. Ese año, cuando la cuenta recibió el dinero de los fondos, el saldo llegó a USD 5 300 millones, dijo. Esos dineros se gastaron entre 2008 y 2009. Roberto Palacios, docente de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), considera que la eliminación de los fondos afectó sobre todo en el 2015, cuando el precio del petróleo se desplomó y el Estado ya había multiplicado su tamaño. “El Estado fracasó en la capacidad de mitigar contingencias graves, como la del terremoto del 2016”, añade. Para Ricaurte, es importante que con la propuesta se creen normas que dicten cuándo gastar el dinero. “Que no pase lo que pasó antes, que se gastó el dinero cuando había recursos solo para agrandar el tamaño del Estado”. Ortiz añade que se debería fijar un tope mínimo. “Hasta que el fondo no acumule un porcentaje determinado del PIB que no se gaste, sino solo sus rendimientos”, dice.