FUENTE: PÁGINA SIETE
El juez de Garantías, Juan Quiroga, declaró improcedente el amparo constitucional que interpuso la Gobernación de Chuquisaca en contra de la Resolución Ministerial 090/18, que fue la base para la aprobación de la Ley parcial de Límites entre ese departamento y Santa Cruz. “ Se oficializó la declaratoria de improcedencia del amparo constitucional que presentó la Gobernación de Chuquisaca en relación a la Resolución Ministerial 090/18, que dio bases a la Ley 1054 que concluye un conflicto de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca”, informó el constitucionalista y abogado Edward Gareca.
Tras conocer la decisión, el secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, Leoncio Laime, manifestó que la administración departamental cayó en la trampa de “dirigentes politiqueros”, que impulsaron el paro cívico en defensa del campo gasífero. “Debemos admitir que en un primer momento (del conflicto) cometimos el pecado de la tentación de creer en la buena fe de todos, es decir, caímos en la trampa de algunos dirigentes politiqueros que escudados en instituciones cívicas y obreras nos convencieron para sumarnos a las protestas”, dijo Laime. Quiroga afirmó que las autoridades de Chuquisaca pueden “impugnar esa improcedencia”, en un plazo máximo de cinco días.
El 11 de mayo, en estudio técnico encargado por la estatal YPFB determinó que el campo gasífero Incahuasi está en su totalidad en territorio de Santa Cruz, por lo que las regalías generadas corresponden a esa región. Esa misma fecha, el gobernador Esteban Urquizu presentó el recurso en el Tribunal Departamental de Justicia, como parte de las acciones legales en defensa del campo de gas Incahuasi. Desde el lunes 30 de abril hasta el 11 de mayo, la ciudad de Sucre mantuvo un paro indefinido por la defensa del campo Incahuasi. La población exigía derechos sobre las regalías que genera el reservorio, con el argumento de que es compartido.
Además exigían que se realice un nuevo estudio técnico de delimitación interdepartamental, pedido que fue rechazado por el Gobierno, que afirmó que se tienen normas que datan de hace más de 100 años y que se las deben respetar.
En agosto de 2016, la firma canadiense GLJ Petroleum ya había informado que el megacampo Incahuasi-Aquío está en Santa Cruz. Después de la decisión, la región oriental percibía 33 millones de bolivianos al mes por regalías. No obstante, en ese mismo año la Gobernación chuquisaqueña presentó un amparo constitucional, con el argumento de que el estudio se hizo con límites “referenciales”. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo Incahuasi y dejar los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca. El fallo ocasionó que Santa Cruz deje de percibir los recursos que se generan por las regalías y también inició una campaña de defensa de sus recursos.
El juez de Garantías, Juan Quiroga, declaró improcedente el amparo constitucional que interpuso la Gobernación de Chuquisaca en contra de la Resolución Ministerial 090/18, que fue la base para la aprobación de la Ley parcial de Límites entre ese departamento y Santa Cruz. “ Se oficializó la declaratoria de improcedencia del amparo constitucional que presentó la Gobernación de Chuquisaca en relación a la Resolución Ministerial 090/18, que dio bases a la Ley 1054 que concluye un conflicto de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca”, informó el constitucionalista y abogado Edward Gareca.
Tras conocer la decisión, el secretario general de la Gobernación de Chuquisaca, Leoncio Laime, manifestó que la administración departamental cayó en la trampa de “dirigentes politiqueros”, que impulsaron el paro cívico en defensa del campo gasífero. “Debemos admitir que en un primer momento (del conflicto) cometimos el pecado de la tentación de creer en la buena fe de todos, es decir, caímos en la trampa de algunos dirigentes politiqueros que escudados en instituciones cívicas y obreras nos convencieron para sumarnos a las protestas”, dijo Laime. Quiroga afirmó que las autoridades de Chuquisaca pueden “impugnar esa improcedencia”, en un plazo máximo de cinco días.
El 11 de mayo, en estudio técnico encargado por la estatal YPFB determinó que el campo gasífero Incahuasi está en su totalidad en territorio de Santa Cruz, por lo que las regalías generadas corresponden a esa región. Esa misma fecha, el gobernador Esteban Urquizu presentó el recurso en el Tribunal Departamental de Justicia, como parte de las acciones legales en defensa del campo de gas Incahuasi. Desde el lunes 30 de abril hasta el 11 de mayo, la ciudad de Sucre mantuvo un paro indefinido por la defensa del campo Incahuasi. La población exigía derechos sobre las regalías que genera el reservorio, con el argumento de que es compartido.
Además exigían que se realice un nuevo estudio técnico de delimitación interdepartamental, pedido que fue rechazado por el Gobierno, que afirmó que se tienen normas que datan de hace más de 100 años y que se las deben respetar.
En agosto de 2016, la firma canadiense GLJ Petroleum ya había informado que el megacampo Incahuasi-Aquío está en Santa Cruz. Después de la decisión, la región oriental percibía 33 millones de bolivianos al mes por regalías. No obstante, en ese mismo año la Gobernación chuquisaqueña presentó un amparo constitucional, con el argumento de que el estudio se hizo con límites “referenciales”. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo Incahuasi y dejar los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca. El fallo ocasionó que Santa Cruz deje de percibir los recursos que se generan por las regalías y también inició una campaña de defensa de sus recursos.