FUENTE: PÁGINA SIETE

Las instituciones del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) preparan para hoy en la tarde su cabildo, en un ambiente de división. Los campesinos advirtieron que cercarán la ciudad de Sucre en el caso de que se decida ir contra el gobernador Esteban Urquizu y el alcalde Iván Arciénega, ambos del MAS. Ayer en la mañana, se realizó una marcha en defensa del campo Incahuasi encabezada por los universitarios y docentes de la Universidad San Francisco Xavier.

Maestros urbanos y rurales, transporte del servicio público y pesado, vecinos y gremiales recorrieron ayer el centro de la ciudad de Sucre. Durante su paso, el ejecutivo de la COD, Carlos Salazar, adelantó que pedirá que el cabildo apruebe la renuncia de “todas las autoridades electas” que representan a la región, que incluye al Gobernador y los diputados y senadores. “Para nosotros, nadie se salva. Todos han sido culpables, ya sea por omisión o comisión”, dijo el dirigente, según el reporte de Correo del Sur. El Comité Cívico de Intereses de Camargo plantea la renuncia del gobernador Esteban Urquizu y otras autoridades que, en su criterio, no tomaron acciones frente a la posibilidad de fragmentación del territorio.

Mientras la marcha hacía su paso por la plaza 25 de Mayo, en un salón de la Gobernación de Chuquisaca, organizaciones sociales e instituciones departamentales del oficialismo, como la federación de campesinos, Bartolinas y representantes de alcaldías rechazaron el cabildo convocado por Codeinca. “El cabildo de mañana (hoy) es político y frente al golpe es posible que respondamos con una movilización. Pido reflexión y si quieren unidad hay que hacerlo, pero no de esta manera”, señaló el gobernador Urquizu.

El secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Román Barrón, amenazó con cercar Sucre en caso de que el cabildo se realice con el propósito de dar un “golpe de Estado” contra las autoridades regionales. La representante de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, Justina Romero, convocó a las madres chuquisaqueñas a no participar en el cabildo, ya que para ellas sólo busca confrontación.

El viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, ratificó ayer que el conflicto por el campo Incahuasi sólo es pretexto para desestabilizar y descabezar a sus autoridades subnacionales. Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se identificó a seis personas que agredieron al gobernador Urquizu la pasada semana.

Entretanto, la Policía informó que se resguardarán las instituciones públicas durante la realización del cabildo social y que al menos un contingente de 1.000 efectivos estarán acuartelados. Desde el 30 de abril, instituciones y sectores sociales de Chuquisaca protagonizan movilizaciones en protesta por la aprobación de la Ley de Límites de 30 vértices y para exigir que no se descongelen las regalías a favor de Santa Cruz. Sin embargo, pese a las marchas, el segundo estudio encargado por la estatal YPFB a la consultora Sproule ratificó que el 100% del megacampo Incahuasi está en suelo cruceño. Para el Gobierno este informe pone fin al conflicto. De acuerdo con el reporte de medios locales, desde el fin de semana las actividades en Sucre volvieron a la normalidad, después de la decisión de no retomar los bloqueos a la espera del cabildo.

Regiones recibirán hoy informe sobre Incahuasi La estatal YPFB convocó a las gobernaciones de Chuquisaca y Santa Cruz para que se dirijan a la ciudad de Cochabamba, donde fueron citadas para recibir el informe que ratifica que el 100% del megacampo Incahuasi está en suelo cruceño, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Para mañana (hoy) YPFB convocó a las dos gobernaciones a través de sus delegados para que todo el día puedan analizar en detalle el informe de estudio y responder a sus interrogaciones. Una vez agotado esto, ya no habrá motivo para que las regalías estén congeladas”, informó la autoridad.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, confirmó que una delegación asistirá hoy a las 10 a las oficinas de YPFB, donde se les presentará el nuevo estudio. “Creemos que se pudo evitar este conflicto con Chuquisaca si actuaba con responsabilidad.

El Gobierno central administra el 90% del presupuesto. Esperemos que de una vez por todas entiendan que la inequidad de distribución se puede solucionar con el Pacto Fiscal”, dijo Peña. Precisó que con el congelamiento fueron afectados por casi seis meses y que los recursos retenidos suman 180 millones de bolivianos desde diciembre de 2017. Al menos 33 millones de bolivianos por cada mes. Santa Cruz espera la inmediata reposición de los fondos con el fin de encarar nuevos proyectos en el departamento.