FUENTEEL DÍA
Los empresarios privados, aglutinados en sus distintos entes gremiales y su propia confederación nacional anticipan dar dura batalla, para contrarrestar lo que se viene a partir de hoy: la promulgación de la Ley de Empresas Sociales y el Decreto Supremo inherente al incremento salarial que serán dictados hoy por el gobierno Evo Morales. "Se ha dispuesto que el equipo jurídico de la CEPB, junto a especialistas en derecho constitucional, elaboren la acción abstracta que se presentará una vez que se promulgue la Ley”, señaló Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
En torno a esa postura de la CEPB, otros sectores empresariales se plegaron al unísono durante el fin de semana a la ola de protestas. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), a tiempo de manifestar su apoyo al Estado de Emergencia de la CEPB, exige al gobierno "que no promulgue la norma".
"Rechazamos esta Ley y por responsabilidad con la economía nacional, el mantenimiento y generación de fuentes laborales, exigimos al Gobierno nacional que no la promulgue y abra de inmediato un espacio de diálogo", señala parte del comunicado emitido ayer.
En cambio, desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), señalan que dicha norma agrava aún más la situación económica del país en un contexto donde el país ha registrado un déficit comercial en los últimos tres años, de $us 855 millones en el 2015; $us 1.287 millones en el 2016; $us 1.302 millones de dólares en el 2017; y a febrero de 2018, ya tenemos un déficit de $us 147 millones. Respuesta del Gobierno.
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, encaró a la CEPB para que reconozcan que estos 12 años de la administración de Evo Morales fueron los "mejores" en la generación de utilidades.
La autoridad volvió a calificar como un "chantaje" de los empresarios que el acuerdo salarial con la Central Obrera Boliviana generará desempleo y el cierre de las empresas privadas cuando en los hechos siguen produciendo ganancias.
De los 7 mil millones de dólares previstos para la inversión pública este 2018, la inversión de los privados está entre 1.000, 1.500 a 2.000 millones de dólares.
12 Años con Evo De la bonanza de casi diez años se pasó a una notoria desaceleración económica.
Los empresarios privados, aglutinados en sus distintos entes gremiales y su propia confederación nacional anticipan dar dura batalla, para contrarrestar lo que se viene a partir de hoy: la promulgación de la Ley de Empresas Sociales y el Decreto Supremo inherente al incremento salarial que serán dictados hoy por el gobierno Evo Morales. "Se ha dispuesto que el equipo jurídico de la CEPB, junto a especialistas en derecho constitucional, elaboren la acción abstracta que se presentará una vez que se promulgue la Ley”, señaló Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
En torno a esa postura de la CEPB, otros sectores empresariales se plegaron al unísono durante el fin de semana a la ola de protestas. La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), a tiempo de manifestar su apoyo al Estado de Emergencia de la CEPB, exige al gobierno "que no promulgue la norma".
"Rechazamos esta Ley y por responsabilidad con la economía nacional, el mantenimiento y generación de fuentes laborales, exigimos al Gobierno nacional que no la promulgue y abra de inmediato un espacio de diálogo", señala parte del comunicado emitido ayer.
En cambio, desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), señalan que dicha norma agrava aún más la situación económica del país en un contexto donde el país ha registrado un déficit comercial en los últimos tres años, de $us 855 millones en el 2015; $us 1.287 millones en el 2016; $us 1.302 millones de dólares en el 2017; y a febrero de 2018, ya tenemos un déficit de $us 147 millones. Respuesta del Gobierno.
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, encaró a la CEPB para que reconozcan que estos 12 años de la administración de Evo Morales fueron los "mejores" en la generación de utilidades.
La autoridad volvió a calificar como un "chantaje" de los empresarios que el acuerdo salarial con la Central Obrera Boliviana generará desempleo y el cierre de las empresas privadas cuando en los hechos siguen produciendo ganancias.
De los 7 mil millones de dólares previstos para la inversión pública este 2018, la inversión de los privados está entre 1.000, 1.500 a 2.000 millones de dólares.
12 Años con Evo De la bonanza de casi diez años se pasó a una notoria desaceleración económica.