Fuente: El Observador

   

De esa forma, el 31 de marzo quedó sin efecto el acuerdo que daba a Shell la exclusividad para negociar la obra. Sin embargo, un eventual acuerdo que se pudiera alcanzar con otro privado para la concreción del proyecto deberá considerar la participación de la petrolera holandesa.

 

Una de las cláusulas del memorándum al que accedió El Observador señala que en caso que el acuerdo se terminara y por el plazo de un año, si Gas Sayago considerara utilizar con un tercero la concesión otorgada por la Administración Nacional de Puerto (ANP) para el puerto de Punta de Sayago que no sea Shell ni ninguna de sus afiliadas, deberá invitar a la multinacional a decidir si tiene la intención de participar en ese nuevo proyecto.

 

La ministra de Industria, Carolina Cosse anunció este jueves que se trabajará en un nuevo marco legal por el que se establecerán las nuevas condiciones a cumplir por parte de cualquier interesado.

“Como ya estamos recibiendo inquietudes de varios privados por este tema, queremos el mismo marco legal para todos, con las mismas condiciones para todos, y en ese marco recibir las propuestas concretas de privados que estamos recibiendo de manera informal y que no podíamos atender”, dijo Cosse al programa En Perspectiva de Radiomundo.

 

Consultada sobre qué alcance tiene la obligatoriedad de invitar a Shell a que decida si quiere participar de un nuevo proyecto como establece el memorándum y en qué calidad lo haría Cosse se limitó a responder: “Es exactamente lo que dice el memorándum de entendimiento, y esa es la gracia, que lo diga así. No dice cómo, dice que Gas Sayago tiene la obligación de invitar a Shell a decidir si quiere participar o no”. (…) Ese es justamente el acierto legal de haberlo escrito así, no dice nada. A veces los abogados tienen esas cosas”.

 

“Minimizar gastos”

 

En 2017, Gas Sayago cerró con un rojo de US$ 10 millones, un negocio donde ANCAP tiene el 21% de la empresa, el restante 79% pertenece a UTE.

 

La ministra señaló que se van a “minimizar los gastos”. A modo de ejemplo mencionó que hay un gasto de US$ 25.000 que Gas Sayago paga a UTE mensualmente por temas de mantenimiento informático que será revisado.

 

Consultada sobre una eventual reducción de personal en Gas Sayago la ministra reiteró lo dicho esta semana durante la presentación del balance de ANCAP: “tenemos que ser muy respetuosos con ese personal”.

 

Argumentó que los trabajadores tiene “know-how de mucha cosa” y subrayó el papel que cumplieron para el cobro de la garantía de US$ 100 millones que se efectivizó cuando en 2015 el consorcio GNLS (integrado por GDF Suez y la japonesa Marubeni) abandonó la construcción de la planta. “Hay que estar en la negociación para cobrar una garantía y que no se te escape ningún piolín que exponga al Estado a un juicio y nos salga el tiro por la culata”, dijo Cosse.

 

“Lo de Shell fue una gran oportunidad que no anduvo y no por culpa de Uruguay. Ahora no vamos a cerrar el proyecto, vamos a seguir mitigando el costo que tiene para el Estado. Me preocupa, me gusta que los proyectos funcionen, pero entiendo que la manera de no tener ningún costo es cerrar todo y no hacer nada. ¿Y así qué futuro tendría el país? Así que lo que vamos a hacer es, con cuidado y responsabilidad, ver si hay alguna otra oportunidad. Y si no, tomaremos las medidas que haya que tomar”, añadió Cosse.

 

Shell argumentó que necesitaba más tiempo para tomar la decisión final de inversión, dado que todavía el marco regulatorio de la vecina orilla no le otorga certeza sobre la posibilidad de contar con empresas privadas argentinos como clientes. Este punto es clave porque una futura planta regasificadora no podría sostenerse únicamente con la demanda del mercado uruguayo.

 

De hecho la viabilidad de la planta depende del mercado argentino donde se colocará la mayor parte de la producción de gas. En el caso de Shell, la intención de la compañía era producir un volumen de gas menor a 10 millones de metros cúbicos al día, que es lo que preveía el proyecto original.

 

Incertidumbre en distribución

 

La negativa del gobierno a extender el memorándum implica que en el mediano plazo Uruguay seguirá dependiendo en volumen y precio en forma exclusiva de Argentina como único abastecedor de gas.

 

Además, la falta de definiciones sobre la construcción de la planta volvió a despertar la preocupación del sindicato del gas por el futuro de las fuentes laborales. En varias oportunidades la empresa Petrobras ha advertido sobre la inviabilidad del negocio de distribución en la medida que Uruguay no tenga su propia planta regasificadora.

 

Esta semana la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) reclamó la necesidad de que se implementen medidas que contribuyan a la continuidad del negocio y revierta la pérdida de usuarios.

 

Entre ellas planteó reducir la tasa consular que se aplica a la importación de gas argentino que utilizan las distribuidoras MontevideoGas y Conecta, de 5% a 3%. Con ello, consideran, se podría bajar el precio del energético y estimular el pasaje de los usuarios del calefón eléctrico a un calentador a gas.

 

La distribuidora Conecta tiene en la actualidad unos 5.000 clientes en el interior y MontevideoGas alrededor de 39.000 en la capital. Desde 2006 a la fecha se perdieron unos 6.000 usuarios.

 

El sector emplea a unos 250 trabajadores. El próximo 30 de junio caerá el acuerdo por el que Petrobras dejó en suspenso el envío a seguro de paro de parte de la plantilla. Ese convenio también habilitó a la empresa a no realizar ajuste salarial alguno durante el primer semestre del año. Todo ello se había implementado a la espera de lo que ocurría con la planta regasificadora, cuya concreción se sigue postergando. En ese escenario es que el sindicato reclama aplicar rápidamente medidas fiscales, comerciales y tarifarias para dar sustento al sector de gas natural.

 

Los trabajadores se entrevistaron el miércoles con la bancada de diputados del Frente Amplio y serán recibidos el próximo lunes por el Directorio del Partido Nacional.

 

Cosse al Parlamento

 

“Se terminó la historia con la construcción de la regasificadora en ese lugar, porque no hay acuerdo con Shell y para avanzar en una alternativa hay que invitarlos. Estamos complicados”, dijo a El Observador el diputado Pablo Abdala. La ministra Cosse concurrirá el próximo martes a la Comisión de Industria y Energía para explicar el tema convocada por el representante nacionalista.

 

Litigio en marcha

 

En paralelo, la firma Petrobras lleva adelante un juicio contra el Estado por alrededor de US$ 100 millones. Entre otros puntos la brasileña sostiene que el negocio del gas en el país soporta condiciones adversas para su desarrollo que son ajenas al control de las compañías Conecta y MontevideoGas. Entre ellas las restricciones en el envío de gas natural desde Argentina y su elevado precio respecto su cotización en el mercado internacional.

 

Tanto Conecta como MontevideoGas han argumentado que por meses le reclamaron al Estado que corrigiera inconvenientes que afectaban sus operaciones, pero al no tener respuesta optaron por los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en cada uno de los contratos.

 

En el caso de MontevideoGas han existido diferencias en la interpretación del contrato de concesión. En medio de esas diferencias, en mayo pasado el Poder Ejecutivo decidió iniciar el proceso de ejecución de garantía por US$ 5 millones a raíz del atraso del canon que la empresa debe abonar anualmente al Ministerio de Industria. Finalmente la empresa desembolsó US$ 7,1 millones "a los solos efectos de evitar males mayores y preservar la normal operación de concesión y con reserva de todos los derechos y defensas de MontevideoGas", había señalado el presidente de la empresa, Augusto Carrinho, en una carta enviada a los empleados.