FUENTE: PÁGINA SIETE
La sanción penal por la salida ilegal, almacenamiento o transporte de combustibles y/o alimentos subvencionados por el Estado, además de otros productos prohibidos, se elevará hasta 14 años de cárcel, según propone el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando. Actualmente la pena es de 12 años. “Esos delitos serán sancionados con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito”, establecen los ajustes que se prevé incluir en el artículo 181 del Código Tributario y la Ley 100. Actualmente la pena en esas dos normas es la privación de libertad de ocho a 12 años. En el documento oficial, que fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, se precisa que las sanciones alcanzarán a las personas que intenten o extraigan, ya sea de un recinto aduanero o zonas francas, mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos o alimentos con subvención.
También sancionará a los que almacenen y/o transporten mercancías prohibidas o suspendidas de exportación (hidrocarburos o alimentos con subvención) que no cumplan los requisitos legales dentro de un espacio de 50 kilómetros desde la frontera.
Los operativos De acuerdo con el informe presentado en la rendición pública de cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en cumplimiento de la Ley 100 de Seguridad y Desarrollo Fronterizo, aprobada en abril de 2011, que controla la salida ilegal de combustibles, durante el pasado año se realizaron 57 operativos para combatir la actividad ilegal. En las intervenciones se secuestró diésel, gasolina especial, cilindros de Gas Licuado de Pe tróleo (GLP), vehículos, tanques con combustibles acondicionados a autos con placa nacional, señala en su reporte presentado el pasado 8 de marzo en Cobija, Pando. El reporte no precisa el volumen total comisado en 2017. A base de un penúltimo informe, hasta el 31 de agosto pasado, la ANH reportó el secuestro de 90.189 litros de carburantes por un valor de 793.297 bolivianos. De acuerdo con ese documento, se decomisaron 37.905 litros de gasolina especial por un valor de 329.015 bolivianos y 52.284 litros de diésel por un valor de 464.282 bolivianos.
Además, se incautaron de 139 garrafas de GLP con un valor de 37.400 bolivianos. Como medios de transporte se retuvieron 14 vehículos valorados en 2,1 millones de bolivianos y dos barcazas con un valor de 62.640 bolivianos, que eran utilizados para sacar contrabando.
El impulso del proyecto normativo Iniciativa El anteproyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando fue redactado por las autoridades de Gobierno, tras la muerte de dos militares el pasado 11 de marzo en la comunidad Cahuana, Sabaya, Oruro, en manos de contrabandistas. Tratamiento Al día siguiente, el lunes 12, el presidente Evo Morales solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de la nueva norma. Revisión Sin embargo en la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados informaron que aún están ajustando entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Policía. Además, los miembros de la comisión están en semana regional, por lo que se prevé el tratamiento la siguiente semana.
La sanción penal por la salida ilegal, almacenamiento o transporte de combustibles y/o alimentos subvencionados por el Estado, además de otros productos prohibidos, se elevará hasta 14 años de cárcel, según propone el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando. Actualmente la pena es de 12 años. “Esos delitos serán sancionados con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los instrumentos del delito”, establecen los ajustes que se prevé incluir en el artículo 181 del Código Tributario y la Ley 100. Actualmente la pena en esas dos normas es la privación de libertad de ocho a 12 años. En el documento oficial, que fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, se precisa que las sanciones alcanzarán a las personas que intenten o extraigan, ya sea de un recinto aduanero o zonas francas, mercancías prohibidas o suspendidas de exportación, hidrocarburos o alimentos con subvención.
También sancionará a los que almacenen y/o transporten mercancías prohibidas o suspendidas de exportación (hidrocarburos o alimentos con subvención) que no cumplan los requisitos legales dentro de un espacio de 50 kilómetros desde la frontera.
Los operativos De acuerdo con el informe presentado en la rendición pública de cuentas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en cumplimiento de la Ley 100 de Seguridad y Desarrollo Fronterizo, aprobada en abril de 2011, que controla la salida ilegal de combustibles, durante el pasado año se realizaron 57 operativos para combatir la actividad ilegal. En las intervenciones se secuestró diésel, gasolina especial, cilindros de Gas Licuado de Pe tróleo (GLP), vehículos, tanques con combustibles acondicionados a autos con placa nacional, señala en su reporte presentado el pasado 8 de marzo en Cobija, Pando. El reporte no precisa el volumen total comisado en 2017. A base de un penúltimo informe, hasta el 31 de agosto pasado, la ANH reportó el secuestro de 90.189 litros de carburantes por un valor de 793.297 bolivianos. De acuerdo con ese documento, se decomisaron 37.905 litros de gasolina especial por un valor de 329.015 bolivianos y 52.284 litros de diésel por un valor de 464.282 bolivianos.
Además, se incautaron de 139 garrafas de GLP con un valor de 37.400 bolivianos. Como medios de transporte se retuvieron 14 vehículos valorados en 2,1 millones de bolivianos y dos barcazas con un valor de 62.640 bolivianos, que eran utilizados para sacar contrabando.
El impulso del proyecto normativo Iniciativa El anteproyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando fue redactado por las autoridades de Gobierno, tras la muerte de dos militares el pasado 11 de marzo en la comunidad Cahuana, Sabaya, Oruro, en manos de contrabandistas. Tratamiento Al día siguiente, el lunes 12, el presidente Evo Morales solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación inmediata de la nueva norma. Revisión Sin embargo en la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados informaron que aún están ajustando entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Policía. Además, los miembros de la comisión están en semana regional, por lo que se prevé el tratamiento la siguiente semana.