FUENTE: EL DEBER
Tras las primeras pesquisas por las muertes de dos militares luego de un decomiso de siete vehículos indocumentados, cerca de la localidad de Lliscaya en Oruro, el Ministerio Público señala que ambos efectivos fueron ejecutados por sus asesinos. Ante este hecho, los primeros tres aprehendidos del caso, han sido imputados por asesinato en grado de autores intelectuales del hecho de sangre. “Esta fue una ejecución brutal que se realizó sin considerar que se trata de vidas humanas.
No han tomado en cuenta que nuestra Constitución establece un derecho fundamental a la vida”, lamentó el fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, al informar de la imputación de tres personas aprehendidas. Según la comisión de fiscales, Zulma Mamani Marca de Gómez (de 31 años), Marín Mamani Layme (27) y Gabriel Tancara Poma (20), se encontraban en el lugar de los hechos y habrían sido los propietarios de los vehículos ilegales que había confiscado la patrulla de siete militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA). Como legalmente no podían ser detenidos, fueron liberados en la intervención, pero más tarde, habrían convocado telefónicamente a un grupo de pobladores y luego se unieron otras personas armadas que perpetraron los asesinatos luego de una emboscada.
El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, dijo que por el momento se presume que los disparos fueron hechos con una carabina. Ayer, a las 21:00, el Juzgado 5.º de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva de los acusados. Despedida a los militares Mientras suceden las primeras investigaciones, en medio de llanto y dolor, los familiares de Fidel Chávez Huarina (27) y Vladimir Evans Siñani (24), fueron sepultados este martes, uno en el cementerio de Oruro y otro en la localidad de Batallas (La Paz). Ambos sargentos perdieron la vida el domingo tras una emboscada de contrabandistas.
Como con el narcotráfico El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, se manifestó ayer señalando que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes, por lo que instó a que el Gobierno asuma medidas urgentes y considere que el contrabando es un asunto de seguridad nacional, como el narcotráfico. “Los asesinatos confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras ha sido suficiente y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional frente al poder y el tamaño de este flagelo”, manifestó Ronald Nostas. A su vez el dirigente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Gustavo Rivadeneira, advirtió sobre la existencia de al menos 120 rutas fronterizas por donde pueden operar los contrabandistas.
Proyecto de ley El lunes, el presidente Evo Morales anunció un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas y la Policía participen en operaciones contra el contrabando, “estén exentos de responsabilidad penal, cuando por fuerza mayor, en ejercicio de su cargo, cumpliendo sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando”, según el proyecto. También faculta a los militares “al uso de equipamiento, armas de fuego, municiones, explosivos y otros, que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.
Militarización Arturo Murillo, jefe de bancada de UN, envió carta al presidente Morales, pidiendo militarizar la zona donde murieron los militares en Oruro. “Le pedimos al presidente que actúe, se amarre los pantalones. Sabaya es una zona negra. Pedimos que se militarice la zona. Córtele las alas a los contrabandistas y narcotraficantes”, indicó. Criticó el proyecto de ley de Morales porque dijo que existen muchas leyes de esta naturaleza “que ni el Gobierno cumple”.
Hasta ayer, la Asamblea no había recibido aún el proyecto de ley del Ejecutivo.
Alguno de los hechos Identificación La comisión de fiscales identificó a presuntos responsables de los asesinatos, por videos a los que tuvo acceso.
El guantelete A Zulma Mamani, Marín Mamani Layme y Gabriel Tancara se les hizo la prueba del guantelete. Movilizados Los aprehendidos habían sido puestos en libertad por la patrulla del UCA, pero contactaron a 50 personas. A sangre fría Gente armada habría interceptado a la patrulla, los dividió y dio muerte a los dos sargentos.
Tras las primeras pesquisas por las muertes de dos militares luego de un decomiso de siete vehículos indocumentados, cerca de la localidad de Lliscaya en Oruro, el Ministerio Público señala que ambos efectivos fueron ejecutados por sus asesinos. Ante este hecho, los primeros tres aprehendidos del caso, han sido imputados por asesinato en grado de autores intelectuales del hecho de sangre. “Esta fue una ejecución brutal que se realizó sin considerar que se trata de vidas humanas.
No han tomado en cuenta que nuestra Constitución establece un derecho fundamental a la vida”, lamentó el fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, al informar de la imputación de tres personas aprehendidas. Según la comisión de fiscales, Zulma Mamani Marca de Gómez (de 31 años), Marín Mamani Layme (27) y Gabriel Tancara Poma (20), se encontraban en el lugar de los hechos y habrían sido los propietarios de los vehículos ilegales que había confiscado la patrulla de siete militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA). Como legalmente no podían ser detenidos, fueron liberados en la intervención, pero más tarde, habrían convocado telefónicamente a un grupo de pobladores y luego se unieron otras personas armadas que perpetraron los asesinatos luego de una emboscada.
El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, dijo que por el momento se presume que los disparos fueron hechos con una carabina. Ayer, a las 21:00, el Juzgado 5.º de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva de los acusados. Despedida a los militares Mientras suceden las primeras investigaciones, en medio de llanto y dolor, los familiares de Fidel Chávez Huarina (27) y Vladimir Evans Siñani (24), fueron sepultados este martes, uno en el cementerio de Oruro y otro en la localidad de Batallas (La Paz). Ambos sargentos perdieron la vida el domingo tras una emboscada de contrabandistas.
Como con el narcotráfico El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, se manifestó ayer señalando que Bolivia está perdiendo la lucha contra el contrabando en todos los frentes, por lo que instó a que el Gobierno asuma medidas urgentes y considere que el contrabando es un asunto de seguridad nacional, como el narcotráfico. “Los asesinatos confirman que ni siquiera el ingreso de las Fuerzas Armadas para el control de las fronteras ha sido suficiente y tampoco lo serán las leyes ni la indignación nacional frente al poder y el tamaño de este flagelo”, manifestó Ronald Nostas. A su vez el dirigente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, Gustavo Rivadeneira, advirtió sobre la existencia de al menos 120 rutas fronterizas por donde pueden operar los contrabandistas.
Proyecto de ley El lunes, el presidente Evo Morales anunció un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas y la Policía participen en operaciones contra el contrabando, “estén exentos de responsabilidad penal, cuando por fuerza mayor, en ejercicio de su cargo, cumpliendo sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando”, según el proyecto. También faculta a los militares “al uso de equipamiento, armas de fuego, municiones, explosivos y otros, que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.
Militarización Arturo Murillo, jefe de bancada de UN, envió carta al presidente Morales, pidiendo militarizar la zona donde murieron los militares en Oruro. “Le pedimos al presidente que actúe, se amarre los pantalones. Sabaya es una zona negra. Pedimos que se militarice la zona. Córtele las alas a los contrabandistas y narcotraficantes”, indicó. Criticó el proyecto de ley de Morales porque dijo que existen muchas leyes de esta naturaleza “que ni el Gobierno cumple”.
Hasta ayer, la Asamblea no había recibido aún el proyecto de ley del Ejecutivo.
Alguno de los hechos Identificación La comisión de fiscales identificó a presuntos responsables de los asesinatos, por videos a los que tuvo acceso.
El guantelete A Zulma Mamani, Marín Mamani Layme y Gabriel Tancara se les hizo la prueba del guantelete. Movilizados Los aprehendidos habían sido puestos en libertad por la patrulla del UCA, pero contactaron a 50 personas. A sangre fría Gente armada habría interceptado a la patrulla, los dividió y dio muerte a los dos sargentos.