FUENTE: JORNADA
La delegación de Bolivia está conformada por el procurador general del Estado, Pablo Menacho, el ministro de minería y metalurgia, César Navarro, el subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Ernesto Rossell, y el director general de Derecho Internacional del ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Franz Zubieta, explica un boletín institucional. Bolivia tiene el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.
En su alegato de apertura, Menacho afirmó que "Bolivia es un país responsable y comprometido, que mantiene inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales". El Estado boliviano presentó una solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y especialmente del laudo de 16 de septiembre de 2015, en el que confirmó serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades del Tribunal que emitió el laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo. "Las vulneraciones al debido proceso llevaron a la emisión de un laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento superior a 12.000 por ciento. Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación", señaló Menacho en la defensa.
El ministro de Minería César Navarro, también parte del equipo, al ser consultado sobre la primera ronda de alegatos, afirmó: "el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el Laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo. Por esta razón, se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal del CIADI y restablecer el orden de justicia con una demandante que violando la ley, forzó esta demanda".
La controversia surgió en la gestión del expresidente Carlos Mesa, que anuló a mediados de 2004 las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación. Quiborax operaba yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual el chileno Alan Fosk era dueño en un 51%. Esta sociedad contaba con depósitos de bórax (insumo para agropecuaria) desde 2001, cuando compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur. Recordar que el 16 de septiembre de 2015, la CIADI falló a favor de Quiborax, por lo que Bolivia planteó un procedimiento de anulación del fallo.
La delegación de Bolivia está conformada por el procurador general del Estado, Pablo Menacho, el ministro de minería y metalurgia, César Navarro, el subprocurador de defensa y representación legal del Estado, Ernesto Rossell, y el director general de Derecho Internacional del ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Franz Zubieta, explica un boletín institucional. Bolivia tiene el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.
En su alegato de apertura, Menacho afirmó que "Bolivia es un país responsable y comprometido, que mantiene inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales". El Estado boliviano presentó una solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión, luego de una exhaustiva revisión y análisis del proceso arbitral y especialmente del laudo de 16 de septiembre de 2015, en el que confirmó serias vulneraciones al debido proceso, extralimitación manifiesta de las facultades del Tribunal que emitió el laudo y falta de motivación de las razones que fundaron el mismo. "Las vulneraciones al debido proceso llevaron a la emisión de un laudo arbitral en el que una pequeña transferencia de dinero tuvo un rendimiento superior a 12.000 por ciento. Esto refleja una evidente distorsión del sistema de protección de inversiones, la formalización del abuso del derecho y el establecimiento de la inseguridad jurídica como regla de actuación", señaló Menacho en la defensa.
El ministro de Minería César Navarro, también parte del equipo, al ser consultado sobre la primera ronda de alegatos, afirmó: "el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el Laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo. Por esta razón, se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal del CIADI y restablecer el orden de justicia con una demandante que violando la ley, forzó esta demanda".
La controversia surgió en la gestión del expresidente Carlos Mesa, que anuló a mediados de 2004 las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación. Quiborax operaba yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual el chileno Alan Fosk era dueño en un 51%. Esta sociedad contaba con depósitos de bórax (insumo para agropecuaria) desde 2001, cuando compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur. Recordar que el 16 de septiembre de 2015, la CIADI falló a favor de Quiborax, por lo que Bolivia planteó un procedimiento de anulación del fallo.