Fuente: Electricidad Interamericana

   

Este dinamismo, a juicio de los actores del sector consultados por Revista ELECTRICIDAD, está abriendo el debate sobre la descarbonización, especialmente respecto al eventual cierre en el mediano y largo plazo de las centrales que usan esta tecnología, lo que está sujeto a su vida útil en los sistemas eléctricos.

 

Debate

 

Considerando este escenario, las estimaciones hechas en la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera A.G.) es que hacia 2035 cerca del 40% del parque a carbón habrá cumplido su vida útil y el 100% lo hará en 2050.

Darío Morales, director de Estudios del gremio, explica que “si a lo anterior se agregan los compromisos que como país hemos asumido para hacer frente al cambio climático, es absolutamente necesario avanzar en algunos cambios legales que agreguen incentivos a la descarbonización de la matriz mediante el reconocimiento de costos reales de las externalidades negativas que provocan las emisiones de las centrales termoeléctricas”.

 

A su juicio, la principal modificación legal que se requiere para desincentivar el uso del carbón “es el incremento progresivo del valor del impuesto a las emisiones, materia que incluso la Ocde le ha recomendado al gobierno en su informe de Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile del año pasado”.

 

Eso sí, Jorge Gómez, asesor medioambiental de Generadoras de Chile, advierte que “cualquier medida cuyo objetivo sea la descarbonización debiera concebirse en el contexto de una estrategia que involucre a todos los sectores a través de acciones costo efectivas, en caso contrario podemos terminar como país implementando medidas relativamente caras e ineficientes. A modo de ejemplo, el borrador del Plan de Mitigación del Sector Energía del Ministerio de Energía estima un costo de US$164 por tonelada de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el retiro de centrales termoeléctricas del sistema eléctrico, en circunstancias que en promedio las medidas del sector energía entregan un retorno (beneficio) de US$206 por tonelada debido, entre otros, a la implementación de acciones de eficiencia energética”.

 

En su opinión las medidas que se definan en el ámbito energético dentro de esta discusión “debieran considerar la demanda de sectores como industria y transporte, y equilibrar la confiabilidad, competitividad y sustentabilidad de la generación eléctrica. Por otro lado, si la discusión se refiere a calidad del aire, es importante recordar que hoy las centrales a carbón en operación están sujetas a una normativa de contaminantes locales del más alto estándar internacional”.

 

Esto va en sintonía con lo que planteó en su visita a Chile Christiana Figueres, secretaria ejecutiva del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático entre los años 2010 y 2016, quien en un seminario organizado por Colbún afirmó que la descarbonización de las economías se debe ejecutar “de forma inteligente”.

 

“En este país, con una topografía sin igual, (la descarbonización) tiene que darse de acuerdo a esa topografía y usar todos los recursos naturales que tiene Chile, incluyendo su recurso hídrico, que todavía no ha sido completamente explotado”, sostuvo la ejecutiva.

 

Jorge Gómez recuerda que las empresas socias de Generadoras de Chile, que utilizan carbón como combustible en su operación, han anunciado que “no desarrollarán nuevos proyectos en base a carbón, junto a un retiro paulatino de este tipo de generación que obedece a la internalización, en alguna u otra medida, de consideraciones económicas, medios ambientales y sociales”.

 

En este sentido, Darío Morales señala que, tomando en cuenta los anuncios de no seguir desarrollando proyectos a carbón, “pareciera lógico pensar que el paso siguiente es comenzar un proceso planificado y paulatino de desmantelamiento de las centrales térmicas más antiguas”.

 

Sin embargo, Gómez aclara que en este tema “deben ponderarse adecuadamente las necesidades de flexibilidad del sistema eléctrico para no afectar la seguridad y calidad del suministro en su globalidad. Más aún, la discusión debiera centrarse en las emisiones y no en la edad de la central, considerando que hay centrales de más de 40 años que emiten, por GWh, solo cerca de un 1% más que las centrales nuevas gracias a la adecuación de sus procesos”.

 

El anuncio de las empresas que operan centrales a carbón también es seguido por Pablo Benario, ex director y presidente del directorio del anterior CDEC SING (actualmente el Coordinador Eléctrico Nacional): “si uno mira las políticas que tienen las empresas por temas de sustentabilidad, de descarbonización, se podría apostar a que esas plantas tendrán la vida útil económica que corresponda, considerando los costos por emisiones de CO2, que hoy están en US$5 por tonelada, pero que podrían aumentar en el tiempo.

 

“Esto podría hacer que las centrales a carbón cada vez vayan siendo más ineficientes y que incluso no vayan en el “core” del negocio de las empresas de energía convencionales, que ahora buscan un componente de producción más sustentable. Aquí hay una lógica económica en las decisiones que tomen las compañías”, precisa el especialista.

 

A su juicio, es necesario poner atención en las necesidades crecientes de “ciclyng” que actualmente realiza el parque térmico en sus unidades generadoras, para dar espacio al despacho de centrales solares y eólicas durante el día.

 

“Eso tendría como consecuencia un mayor desgaste de las máquinas que no están preparadas para hacer estas operaciones, por lo que podrían tener tasas mayores de fallas. Muchas empresas también han planteado políticas de descarbonización, que en definitiva las podrían llevar a cerrar estas plantas o a no continuar con los programas de mantención, que les han permitido operar con una vida útil mucho mayor”, añade Benario.

 

En este aspecto Darío Morales sostiene que, “aunque sea posible técnicamente hacer mantenimiento mayor para alargar su vida útil, no creemos que eso sea viable ni del punto de vista económico ni medioambiental, por lo que es fundamental que la política pública sea coherente con los compromisos adquiridos para reducir los efectos de los gases invernadero, sobre todo considerando que hay otras tecnologías que pueden aportar a la operación flexible y segura del sistema, como el almacenamiento de energía y las técnicas de gestión de demanda”.

 

Al respecto Jorge Gómez reconoce que los instrumentos de precio que están siendo utilizados para acelerar la descarbonización de las matrices productivas, desincentiva la producción eléctrica en base a carbón, pero aclara “que existen otras alternativas costo-eficientes para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (principal objetivo de los impuestos verdes) como la eficiencia energética, la electromovilidad o la reforestación, los que permitirían obtener mayores beneficios ambientales en reducción de emisiones a igual costo. En este sentido, las centrales termoeléctricas podrían invertir en otros sectores, en el escenario de que se les permitiera el uso de compensaciones (u offsets) a la hora de cumplir con sus obligaciones de mitigación de emisiones”.