FUENTE: LOS TIEMPOS
La gerente general de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind), Ivón Melgar, informó que el recurso de revocatoria fue presentado el pasado de jueves, tras una reunión nacional. Melgar explicó que la resolución emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que autoriza un incremento por encima de lo permitido por la Ley de Hidrocarburos 3058. En su artículo 87, la ley establece un precio máximo de comercialización para el mercado interno del 50 por ciento del valor mínimo de exportación.
El incremento de la tarifa del gas está vigente a partir del 15 de agosto y eleva el costo de 1,70 dólares a 2,51 por millón de pies cúbicos al mes (MPCS). “Se resuelve un recurso de revocatoria en contra de resolución, utilizando como base para el mismo los fundamentos y las resoluciones de una norma de jerarquía, respecto a la Constitución Política del Estado (CPE). Las leyes, los decretos, no pueden ampliar o modificar lo dispuesto por las mismas”, explicó Melgar.
Debido a ello, Melgar calificó el aumento como “ilegal”, ya que atenta contra la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, sostuvo que la resolución es un golpe directo que afecta a la competitividad de la industria nacional. “Inevitablemente, se verá traducida en un impacto en los precios de los productos que la industria manufacturera produce”, aseveró. En declaraciones anteriores, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, Amilcar Rocha, consideró que los empresarios deberán incrementar los productos en al menos dos rubros para afrontar la nueva tarifa de gas. Según Rocha, los alimentos podrían incrementarse entre un 2 y un 5 por ciento, mientras que los materiales de construcción afrontarían el aumento más significativo en torno al 10 por ciento.
GOLPE A EMPRESARIOS El presidente de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, sostuvo anteriormente que el Gobierno asfixia al sector privado con varias medidas emitidas durante el último mes. Los empresarios citaron que el Gobierno trabaja en la modificación al Código Penal en el que incluye sanciones penales para las empresas, también permitió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) proponga la cancelación de matrículas comerciales y emita multas económicas de hasta 11 millones de bolivianos y, finalmente, el “tarifazo” del gas.
La gerente general de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind), Ivón Melgar, informó que el recurso de revocatoria fue presentado el pasado de jueves, tras una reunión nacional. Melgar explicó que la resolución emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), vulnera el principio de jerarquía normativa, ya que autoriza un incremento por encima de lo permitido por la Ley de Hidrocarburos 3058. En su artículo 87, la ley establece un precio máximo de comercialización para el mercado interno del 50 por ciento del valor mínimo de exportación.
El incremento de la tarifa del gas está vigente a partir del 15 de agosto y eleva el costo de 1,70 dólares a 2,51 por millón de pies cúbicos al mes (MPCS). “Se resuelve un recurso de revocatoria en contra de resolución, utilizando como base para el mismo los fundamentos y las resoluciones de una norma de jerarquía, respecto a la Constitución Política del Estado (CPE). Las leyes, los decretos, no pueden ampliar o modificar lo dispuesto por las mismas”, explicó Melgar.
Debido a ello, Melgar calificó el aumento como “ilegal”, ya que atenta contra la jerarquía normativa y la seguridad jurídica. Al mismo tiempo, sostuvo que la resolución es un golpe directo que afecta a la competitividad de la industria nacional. “Inevitablemente, se verá traducida en un impacto en los precios de los productos que la industria manufacturera produce”, aseveró. En declaraciones anteriores, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, Amilcar Rocha, consideró que los empresarios deberán incrementar los productos en al menos dos rubros para afrontar la nueva tarifa de gas. Según Rocha, los alimentos podrían incrementarse entre un 2 y un 5 por ciento, mientras que los materiales de construcción afrontarían el aumento más significativo en torno al 10 por ciento.
GOLPE A EMPRESARIOS El presidente de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, sostuvo anteriormente que el Gobierno asfixia al sector privado con varias medidas emitidas durante el último mes. Los empresarios citaron que el Gobierno trabaja en la modificación al Código Penal en el que incluye sanciones penales para las empresas, también permitió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) proponga la cancelación de matrículas comerciales y emita multas económicas de hasta 11 millones de bolivianos y, finalmente, el “tarifazo” del gas.